El ejecutivo francés cerró filas ayer en torno al presidente Emmanuel Macron, cuya popularidad caía a mínimos por el escándalo de uno de sus jefes de seguridad que golpeó violentamente a dos manifestantes durante una protesta, un caso que ha sumido al mandatario en su peor crisis política desde que llegó al poder.

El primer ministro, Edouard Philippe, aseguró ayer que “nada se ocultó” en el caso de Alexandre Benalla, rechazando así las acusaciones de la oposición que cree que Macron quiso encubrir este escándalo que salpica a quien fue su guardaespaldas durante la campaña presidencial de 2017 y que es descrito como un pilar del aparato de seguridad de la presidencia.

Benalla, de 26 años, atacó a dos manifestantes para disipar una protesta en una plaza parisina el 1 de mayo, portando un casco y brazalete de policía, pero el caso salió a la luz el miércoles pasado, después de que el diario Le Monde difundiera un video filmado por testigos.

El Elíseo se enteró del incidente un día después de los hechos, pero no informó a la justicia sobre la existencia del posible delito, como lo estipula la ley.

“Esta no es la República de los fusibles, la República del odio”, declaró Macron, invitado sorpresa delante de los miembros del gobierno reunidos en la casa de América Latina. “No se puede ser jefe solamente cuando la cosas salen bien. Si quieren un responsable, está delante de ustedes. Que lo vengan a buscar. Respondo al pueblo francés”, agregó el presidente, después que su silencio a continuación del affaire Benalla fue reprochado por los opositores. 

“Fui yo quien tuvo confianza en Alexandre Benalla. Y fui yo quién confirmó la sanción” dijo también Macron, según el diario Liberation.

El asesor de seguridad de Macron, que inicialmente había sido sancionado con una suspensión de 15 días sin sueldo, fue despedido e imputado por violencia en reunión y usurpación de funciones después de que la prensa destapara el caso, casi tres meses después de los hechos.

“Entiendo que algunas personas se pregunten si la sanción tomada fue suficiente”, señaló Philippe en una acalorada sesión de preguntas al gobierno en la Asamblea Nacional francesa, admitiendo que aunque “una República se esfuerza por ser ejemplar no siempre es perfecta”. 

Los diputados del partido conservador, Los Republicanos, anunciaron que presentarán una moción de censura al gobierno, aunque es poco probable que lo tumben gracias a la considerable mayoría de la que goza el partido presidencial, LREM (La República en Marcha), en la Asamblea.

El jefe de gabinete de Macron, Patrick Strzoda, defendió también ayer su gestión del caso ante una comisión parlamentaria que investiga el incidente, explicando que no acudió a la justicia porque estimó que “no había suficientes elementos” para hacerlo. Añadió que, dado que no se había presentado ninguna denuncia contra Benalla, y que un análisis realizado por el cuerpo de supervisión de la policía nacional no había señalado ninguna irregularidad, no vio ninguna necesidad de informar a los fiscales.

Strzoda dijo además que decidió “solo” la suspensión de Benalla. “Entiendo que se pueda considerar que no era adecuada, pero en lo que me concierne asumo mi decisión”, indicó.

Esta crisis política es la más grave a la que se enfrenta Macron desde 2017. Según una encuesta Ipsos publicada ayer, la popularidad del mandatario que había prometido una “presidencia ejemplar” se ubica e n 32 por ciento, su nivel más bajo desde septiembre de 2017, período de las manifestaciones contra su polémica reforma laboral.