El acuerdo firmado por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI para obtener un crédito stand-by de 50.000 millones de dólares contiene en su apartado un ítem denominado “Protección para los más vulnerables”. En el mismo señalan que las “reformas fiscales implementadas en Argentina en el pasado fracasaron porque se prestó insuficiente atención tanto a la construcción del consenso social necesario para implementar las reformas, como a la protección de los más vulnerables de los efectos de las mismas”. Para no repetir ese “error” plantean sostener la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), reservando “13.500 millones de pesos en 2018 y el equivalente a 0,2 por ciento del PIB por año en estos programas” en caso de que las condiciones sociales empeoren.

La preocupación por los más humildes no se condice con los recortes que planea el gobierno en el presupuesto 2019. En el mismo plantea una disminución de 1700 millones de pesos en el monto de los beneficios de programas sociales de desarrollo social, que incluye una reducción de, por lo menos, el 10 por ciento en el número de beneficiarios. A ello hay que sumarle los 8700 millones de pesos que planean recortar en programas alimentarios, los 460 millones de pesos de recortes en el Progresar, el congelamiento nominal de las partidas de para los hospitales nacionales, la disminución del 2 por ciento para quienes reciben algún beneficio de la Anses, además de la reducción de 31.000 pensiones no contributivas por discapacidad y el reciente recorte del plus por región desfavorable en las asignaciones familiares. Si se tiene en cuenta que el acuerdo con el FMI proyecta una inflación de 19,9 por ciento en el segundo semestre de 2018 y de 17,0 por ciento en el adelanto de presupuesto 2019, si se cumplen las optimistas proyecciones oficiales, los más humildes perderían más de 50.000 millones de pesos de políticas públicas en manos de la inflación y los recortes de beneficios. Una cifra que supera la reserva prevista en el acuerdo en caso de que las condiciones sociales empeoren.

Tan grave como los recortes programados en esas áreas sensibles del gasto público, es la política económica pactada con el FMI. La aceleración de la inflación en manos de la política de dólar flexible y los aumentos de tarifas (concentrados en combustibles y transporte, de acuerdo a las proyecciones presupuestarias), hace poco plausible el cumplimiento de las nuevas metas de inflación acordadas con el Fondo. Ello no sólo agravará el ajuste presupuestario, sino que acentuará la pérdida de ingresos reales de la población trabajadora. El previsible menor consumo, en un marco de alta inestabilidad cambiaria, acentuará la debacle de la inversión y la producción. De esa manera, el despido de empleados públicos acordado con el FMI irá acompañado de pérdidas de empleo en el sector privado, con el consiguiente incremento del desempleo y la informalidad laboral.

Así las cosas, lejos de “proteger a los más vulnerables”, el acuerdo con el FMI convierte a la política económica en una fábrica de pobres que no permitirá obtener “el consenso social necesario para implementar las reformas”, empujando el programa ortodoxo hacia un nuevo fracaso.

@AndresAsiain