No exageró ni un poco el gobernador Miguel Lifschitz cuando aseguró que está en juego la institucionalidad en Santa Fe, tras los graves atentados a balazos contra el Centro de Justicia Penal y un edificio donde vivió una jueza que intervino en la causa Los Monos. Tan poco exageró que esa misma noche acribillaron con cinco balazos a un testigo en el juicio contra la banda narcocriminal (ver aparte). El Juego del Miedo comenzó en Rosario tras las condenas a los líderes Monos y, más concretamente, cuando algunos fueron trasladados a lejanos penales del norte y sur del país.

Ante semejante escenario de violencia, hay una cuestión que ya no puede sostenerse: en medio de este ataque a la institucionalidad, el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro juega a la política acicateando –y por ende debilitando y aislando- al accionar judicial. Es más, una parte de su equipo de colaboradores se dedica a redactar partes de casos en los que la policía logra determinados avances que luego los jueces desbaratan al poner a los responsables en libertad. Nadie dice que la Justicia no cometa errores o esté exenta de responsabilidades graves, pero si hay un momento para no dividir el frente estatal para acorralar al delito, es precisamente éste.

Sobre todo, teniendo en cuenta que las balaceras envían mensajes directos a magistrados y fiscales, de los que el poder político aparece por ahora ausente. Pullaro, en lugar de desvelarse por ver cómo se les otorga protección a los magistrados, los critica para salvar las ropas de su ministerio que no logra dar con pistas firmes sobre los pistoleros nocturnos que vacían cargadores contra edificios y personas a altas horas de la madrugada. Incluso las críticas también se dirigen al Poder Legislativo del que requiere penas más duras, también a sabiendas de que esos son cantos de sirena para el ciudadano común, cansado de ser víctima de la inseguridad.

Lo que falta saber es si Lifschitz coincide en un cien por ciento con el perfil de su ministro que desde su juventud demuestra dinamismo, presencia y respaldo a las fuerzas policiales. Sobre todo, después de la parsimonia que exhibió Raúl Lamberto al frente de esa cartera en otro momento crítico para la seguridad de los santafesinos. Pero los resultados no aparecen y eso opaca toda la gestión. Es claro que sólo con la enjundia no alcanza. Así como el presidente Mauricio Macri pelea sin resultados contra la economía, en Santa Fe el gobierno disputa con la seguridad su supervivencia política.

Pullaro y el gobierno tomaron hace tiempo una decisión que es la de acortar camino por el lado de la demagogia punitiva. Adhieren, sin decirlo, al paradigma macrista de tratar de exhibir resultados exitosos en un área en la que nunca hay éxitos. Por eso cedieron a los cantos de sirena de aquellos que les proponen hacer lo que la gente quiere escuchar de sus autoridades: anuncios de mayor represión y endurecimiento de penas. Por eso Lifschitz se mostró “arrepentido” de no haber votado como senador provincial la ley de narcomenudeo que ahora impulsa. Por eso su ministro de Seguridad se entiende tanto con su par nacional Patricia Bullrich. Así se le fue dando forma a la idea de “a mí no me va a pasar lo que les pasó a Binner y Bonfatti”. El primero dejó juego libre para la policía, y el segundo intentó reformarla sin éxito. Por eso se tomó desde hace un tiempo la peor de las decisiones: hacerse amigos de la policía.

Hace poco, un ex gobernador de una provincia importante contó una reunión con un ex candidato a presidente al que asesoró en materia de seguridad. “Hacerse amigo de la policía es una catástrofe. Los jefes te invitan a un asado, después te regalan algún arma lujosa y te palmean la espalda. Cuando te fuiste del asado se ríen de vos porque saben que te tienen en un puño”, narró con total crudeza en una charla off con un grupo de periodistas. Si hay algo en lo que la policía es experta es en el juego del meloneo, de la psicopateada. Son buenos en eso. Seducen, prometen, muestran lealtades. En la realidad después son otras las cosas que pasan.

Características de este estilo se hicieron evidentes en las escuchas al ministro Pullaro cuando hablaba con un comisario acerca de los concursos de ascenso en la fuerza. Por supuesto, los fiscales que ordenaron esas escuchas telefónicas han puesto en juego sus carreras dentro del Poder Judicial.

Con todo, Pullaro no es ni todo el problema ni toda la solución. Para el gobernador es difícil pedirle la renuncia, algo que sería totalmente natural en cualquier otro ministerio y a la luz de los escasísimos resultados que se exhiben. Por un lado, es muy difícil conseguir a otro ministro para esa área en un momento tan caliente como este, y por otro lado no dejaría de verse un reemplazo como alguna especie de debilidad ante la crisis.

Lo que sí se puede hacer es cambiar de paradigma y entender que el principal problema en todo este asunto es, precisamente, la policía. Que alguna vez hay que apostar -por más largo que sea el plazo- a un adecentamiento de la fuerza más que a la profesionalización de la misma. Hoy Santa Fe dilapida cientos de millones de pesos en seguridad y el equipamiento se puede comparar con los de fuerzas de países centrales. La policía no es tonta ni pobre, aunque los sueldos sí son bajos. Los agentes policiales ganan en promedio unos 15 mil pesos menos que, por ejemplo, la Guardia Urbana Municipal que, obviamente, asume riesgos menores.

Pero hay que comprender con qué fuerza se está combatiendo al delito complejo en Santa Fe: la mitad de los imputados en la causa Los Monos, fueron policías. Sin esa connivencia, la banda criminal nunca podría haber llegado adonde llegó.

Hay una pregunta que hizo en su momento el especialista Marcelo Saín, creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que aún no tiene una respuesta. “¿Cómo es posible que en medio de semejante despliegue de armas en Rosario, con tantas balaceras y ajustes de cuenta; nunca se registre un enfrentamiento con la policía?”. El interrogante es central para entender lo que está pasando en medio de esta crisis. El propio Saín actuará desde el mes próximo, dentro del Ministerio Público de la Acusación santafesino, tras haber ganado un concurso en ese área.

Es claro que no se puede esperar a reformar a la policía para enfrentar delitos graves como los que aquí se suceden. La coyuntura demanda acción inmediata. Pero por lo menos vendría bien asumir la realidad con la que se cuenta y no descargar feroces críticas contra otros poderes cuando no se puede ver lo que pasa dentro del área propia y con principal responsabilidad.