El diputado provincial Leandro Busatto (Unidad Ciudadana) presentó ayer un informe detallando el impacto de las políticas económicas de Cambiemos en Santa Fe, una de las provincias más castigadas porque cerraron 263 industrias y se perdieron 3.215 empleos industriales entre 2015 y 2018. "La apertura indiscriminada de las importaciones, la caída en las ventas internas y el aumento de los costos, vinculados en gran parte a los aumentos tarifarios decididos por el Ejecutivo nacional y acompañados por el gobierno provincial, han afectado a distintos sectores, como la industria metalúrgica, automotriz y la del calzado, entre otras", precisa el trabajo. "Por su parte, el desplome en el poder adquisitivo de los segmentos medios y bajos afectó los niveles de ventas. Esa caída, sumada al incremento de tarifas, selló la suerte de cientos de locales comerciales. De hecho, en Rosario hay 2.611 locales vacíos más que en 2015", agrega. Para paliar la situación, Busatto presentó un proyecto de ley para crear un Fondo Anticíclico de Preservación del Empleo.

El diputado presentó el informe en la sede de la Bancaria. En el evento, que estuvo coordinado por Rita Colli del Sindicato de Amas de Casa, el legislador estuvo acompañado por los concejales Norma López y Roberto Sukerman. El trabajo reveló que en la provincia cerraron 2.726 empresas entre diciembre de 2015 y junio de 2018. El relevamiento pone la lupa sobre el sector industrial donde cerraron 263 firmas y se perdieron 3.215 empleos.

También muestra la caída en la utilización de la capacidad industrial instalada en el país y en la provincia, y el desplome de la actividad metalúrgica. Allí, fueron al menos 660 despidos concretados por las empresas rosarinas Bambi, Mefro Wheels, Electrolux y Metalkrom, Nesagio (Ceres), Modelar (Arroyito), Vasalli (Firmat) y PadMet (Reconquista).  

La decisión del gobierno nacional de abrir las importaciones también repercutió en el sector del calzado. En la provincia, redujeron personal las firmas Primeros Pasos, Pirri, Jandy, La Huella, Wylers y Grimoldi, en las localidades de Zavalla, Acebal, Rosario, Alcorta y Arroyo Seco.

Además, Busatto presentó un mapa interactivo con un relevamiento de las noticias de despidos y cierres de empresas publicadas en medios entre el 10 de diciembre de 2015 y el 1° de agosto de 2018. Allí contabiliza 3.929 cesantías, con un fuerte impacto sobre el sector metalúrgico, en el que hubo más de 600 bajas y muchas industrias bajaron las persianas.

“Cambiemos está destruyendo las industrias santafesinas. Los aumentos tarifarios decididos por el Ejecutivo nacional, que fueron acompañados sin titubeos por la administración provincial, sumados a la devaluación de los últimos meses, dispararon los costos de producción de industrias que, encima, deben afrontar la apertura indiscriminada de las importaciones”, afirmó Busatto. “Esas políticas afectan a la provincia de norte a sur, de este a oeste, en cada pueblo, cada ciudad. En ninguno de los 19 departamentos hay más empresas registradas que en 2015”, agregó.

El informe también contrapone los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, del segundo trimestre de 2015 y del segundo trimestre de 2017, que muestran una caída de 78.523 empleos en el Gran Rosario. “Hay, además, una pérdida de la calidad en el empleo: el 53,2 por ciento de los nuevos empleos que se generaron en el país son monotributistas. En muchos casos, son trabajadores que fueron despedidos y con la indemnización abrieron un negocio, en un contexto absolutamente desfavorable. El propio Marcos Peña admitió que desde 2015 a la fecha cerraron en el país más Pymes de las que abrieron”, remarcó Busatto.

En ese marco, el diputado presentó un proyecto de ley para la creación de un Fondo Anticíclico de Preservación del Empleo destinado a trabajadores de empresas o sectores privados en proceso de declinación económica o áreas geográficas en crisis para brindar, desde el Estado Provincial, una ayuda económica a las empresas y preservar las fuentes de trabajo. La iniciativa establece que cada beneficiario reciba una suma fija mensual de hasta el 50 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la que se destinará a completar la remuneración básica correspondiente en concepto de colaboración económica.