El gobierno nacional echó mano a medidas de urgencia y cargó sobre las espaldas de las provincias y municipios el costo de un nuevo ajuste fiscal que le permita mantenerse en el marco de las pautas acordadas con el FMI. A través de tres decretos, suspendió por seis meses la baja pautada en la alícuota de retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja; eliminó el Fondo Federal Solidario que asignaba a provincias y municipios el 30 por ciento de los derechos de exportación al complejo sojero; y redujo a la tercera parte el total pagado a exportadores por reintegros. Con estas medidas, el Ejecutivo aspira a reducir el desequilibrio fiscal de este año en 12.500 millones de pesos y durante 2019, en 53.000 millones, según estimó el Ministerio de Hacienda. Las medidas de profundización del ajuste ponen en evidencia las dificultades que afronta el gobierno para sostener la política económica acordada con el FMI, en un contexto de inestabilidad financiera, fuga de capitales y recesión reflejada en la caída de la producción y el consumo.
El contenido de las medidas dispuestas ayer es el siguiente:
- Reintegros a la exportación
Se reduce en un 66 por ciento el monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, de acuerdo a un esquema diferencia por producto. “Los reintegros a la exportación (explica el Ministerio de Hacienda en su comunicado) justifican su existencia en la vigencia de impuestos indirectos que se acumulan durante el proceso de producción y que no tienen una devolución al exportarse. La reforma tributaria y el pacto fiscal, que reducen los impuestos al cheque y a los ingresos brutos (tributo cobrado por las jurisdicciones provinciales) generan el espacio para que dichos reintegros puedan ser reducidos. El ahorro fiscal de esta medida es de 5000 millones de pesos en 2018 y de 29.000 millones en 2019”.
- Derechos de exportación a la soja
Se mantiene la baja prevista en la alícuota de los granos y se suspende por seis meses la baja establecida para aceites y harinas. “Las alícuotas a la soja de vienen reduciendo de forma sostenida, desde el 35 por ciento en 2015 para el poroto de soja al 26 por ciento actual, previendo su convergencia al 18 por ciento en diciembre de 2019”, apunta el comunicado de la cartera de Nicolás Dujovne. “En cuanto al aceite y las harinas –agrega—, la alícuota se redujo desde el 32 por ciento en 2015 al 23 por ciento actual y también convergerá al 18 por ciento en diciembre de 2019. Los ingresos adicionales por esta medida son de 1500 millones de pesos en 2018 y 12.000 millones en 2019”.
- Fondo Federal Solidario
Se elimina el Fondo a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30 por ciento de la recaudación de los derechos de exportación a la soja. “El ahorro fiscal para la Nación es de 8500 millones de pesos en 2018 y 26.500 millones en 2019”, sostiene Hacienda.
La eliminación del FFS, creado en 2009 por el gobierno de Cristina Kirchner, fue justificado por la conducción económica refiriendo que, en aquel año, “las provincias sólo recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales”, pero que en la actualidad “han pasado a recibir un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación”. En cambio, la senadora nacional por Santa Fe María de los Angeles Sacnun recordó ayer que la creación del Fondo tuvo un propósito específico, “garantizar obras de infraestructura hospitalaria y vial, y obra pública para todos los municipios y comunas de la República Argentina. Según la legisladora, “con la eliminación del Fondo Federal Solidario, la provincia dejará de percibir 1638 millones de pesos que recibió hasta 2017”. Para provincias y municipios, este recorte puede ser un detonante social que se le escapa al radar del gobierno nacional.
La suspensión de la quita de retenciones a la harina y el aceite de soja, mientras se mantiene la rebaja pautada al grano, también afectará a la provincia de Santa Fe, en la cual están radicadas las mayores firmas aceiteras y molineras del país. Aunque el impacto es marginal (0,5 puntos del impuesto por mes), la medida es calificada como “desindustrializadora” al mantener el gravamen al producto procesado mientras se reduce sobre la materia prima. Pero para el gobierno nacional (y el FMI), el criterio de prioridad es de orden fiscal: en 2016, mientras que por poroto de soja se exportó aproximadamente por 3000 millones de dólares, el valor de las ventas al exterior por aceite y pellet de soja ascendió a unos 14 mil millones, según fuentes del sector. En 2017, el valor exportado en los distintos rubros mantuvo aproximadamente la misma proporción: por poroto se vendió 2700 millones de dólares y por aceite y pellet, 12.800 millones. De todos modos, es la industria aceitera y la de molienda tiene una posición dominante en el mercado, por lo cual no está garantizado que el beneficio vaya a ser derivado al productor (por mejora en el precio neto ante la reducción de las retenciones). En lo inmediato, los productores quedaron expuestos a un perjuicio antes que a un beneficio relativo por las medidas: ayer la cotización de la soja cayó localmente un 3,5 por ciento como repercusión por el cambio dispuesto en las condiciones.
El gobierno de Mauricio Macri privilegió, desde el mismo momento en el que asumió, su relación con los agroexportadores. Defendió la baja de las retenciones, incluso ratificándolas pocas semanas atrás, antes de la Exposición Rural de julio y frente a las versiones de que el FMI había reclamado suspender la rebaja de la alícuota. Versión de la que el propio ministro Dujovne se había hecho eco, al admitir en conferencia de prensa que era una alternativa “sobre la mesa”. Sin embargo, apremiado por la corrida cambiaria y financiera, tuvo que dar marcha atrás.
Un día después de la llegada de la misión del Fondo, y a apenas dos meses de la firma del programa económico de ajuste, el gobierno debió comenzar a aplicar medidas excepcionales para evitar que se le escape el cumplimiento de las metas. El cambio de criterio con respecto a las retenciones se suma a la subasta de dólares de las reservas del Banco Central en el día de ayer, como mecanismo para poner freno, circunstancialmente, a la aspiradora de dólares provocada por la corrida. De algún modo, el propio FMI debió convalidar lo que expresamente había cuestionado: que su propio préstamo terminara financiando la fuga.
Con los tres decretos firmados ayer, Macri busca comprometerse con las metas del Fondo tratando de garantizar una reducción del déficit fiscal de 65.500 millones de dólares entre lo que resta de 2018 y todo 2019. “Estas tres decisiones se enmarcan en el proceso de convergencia al equilibrio fiscal para 2020, que serán luego complementadas en el proyecto de Presupuesto por medidas relacionadas con las erogaciones del gobierno nacional”, afirmó el comunicado del Ministerio de Hacienda de ayer.
