La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a despegarse del escándalo derivado de los llamados “cuadernos” y de su saga de “arrepentidos”. Lo hizo en un texto en que expresó: “He decidido no hacer comentarios sobre remiseros ‘arrepentidos’ que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también ‘arrepentidos’, que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio”. Sin embargo, la ex mandataria agregó que “como ex presidenta de la Nación tengo la obligación de pronunciarme sobre el empresario Gabriel Romero –nuevo ‘arrepentido’– que, según títulos catástrofe de Clarín y La Nación, habría pagado por un decreto presidencial”.

De esta manera Cristina Kirchner se refirió a la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y salió al cruce del empresario Gabriel Romero, líder del grupo Emepa, quien tras firmar un acuerdo para ser “imputado colaborador” declaró que pagó sobornos al gobierno anterior para que le extendiera por decreto presidencial la concesión para el dragado y el cobro de peajes de la Hidrovía del Río Paraná. La ex presidenta detalló los antecedentes del caso que llevaron a la firma de ese decreto y precisó que con su rúbrica se limitó a ratificar lo actuado por distintos organismos estatales y que fue aprobado por el Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional. CFK remarcó que sin esa aprobación legislativa “no hubiera habido decreto”.

Así, la senadora abordó el tema de la causa que llevan adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en un texto que tituló “Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida”. Allí señaló que hay un “evidente manejo extorsivo de la figura del ‘arrepentido’”, que “es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social, lo saben todos y todas”.

En el texto que publicó en redes sociales, Cristina Kirchner explicó que era para ella “obligatorio firmar” el decreto y advirtió que la declaración de Romero se produjo en el marco de “un verdadero menú de `arrepentidos’ a la carta”. A su criterio, “en todo caso, sería muy interesante que el señor Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos”. La ex presidenta volvió a manifestar que las causas en su contra son producto de una persecución política en su contra, tal como señaló en el escrito que entregó en Comodoro Py el lunes pasado cuando fue su indagatoria. “Los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación”, remarcó.

Luego de realizar una minuciosa descripción del marco normativo establecido por el decreto 113 del 21 de enero de 2010, CFK explicó que “introducidas las modificaciones propuestas por el Parlamento, el 20 de octubre de 2009, la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) y los representantes de la empresa concesionaria suscribieron el Acta Acuerdo y establecieron las condiciones de adecuación del contrato de concesión de la hidrovía, tal cual lo había ordenado la Ley de emergencia pública y salida de la Convertibilidad”. Y concluyó: “Mi intervención como presidenta de la Nación se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto por la Uniren con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la Sigen, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, la intervención del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, sin cuya aprobación no hubiera habido decreto”.

Con respecto a “ex funcionarios de cuarta línea que nunca formaron parte de mis dos presidencias” Cristina Kirchner se refiere al ex titular de Occovi Claudio Uberti, quien, efectivamente, fue despedido de la función pública en 2007, antes de su primer mandato. Uberti, otro arrepentido, en su declaración dijo haber ingresado al dormitorio de Néstor y Cristina Kirchner y que estaba “repleto de valijas y bolsos con dinero”.