OPINIÓN
Nuestro amo juega al esclavo

Las tres medidas del Ministerio de Hacienda de Nación anunciadas el día martes y oficializadas al día siguiente en el Boletín Oficial no dejan de cosechar críticas ya no sólo de amplios sectores políticos de la oposición sino de los propios sectores productivos que conforman el bloque de poder. La reducción de un 66% del monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, la suspensión por seis meses en la baja de la alícuota establecida para aceites y harinas y la eliminación del Fondo Federal Solidario, no tardaron en tener eco en aquellas fracciones de capital aliadas a Cambiemos.

A la pérdida de autonomía y recursos para las provincias, municipios y comunas, que en el caso de Rosario ascendería a 252 millones de pesos y a 2.300 millones de pesos si consideramos el total de la provincia de Santa Fe para el año 2018, se suman la reducción en un 66% del monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación de acuerdo con un esquema diferenciado por producto y la suspensión por seis meses en la baja de derechos de exportación establecida para aceites y harina de soja pero no de porotos. Los derechos de exportación abarataban el precio interno de los granos, mejorando la competitividad de actividades de mayor valor agregado como la producción porcina, avícola y láctea de especial importancia en nuestra provincia. Sin embargo, el incremento de los costos era un resultado previsible de las medidas adoptadas ya que la alimentación representa más de la mitad de los costos en estas actividades.

Así y con estas decisiones, nuevamente se pone de manifiesto el proceso de desindustrialización y reprimarización de la economía que lleva adelante el gobierno nacional, castigando al agregado de valor, la industria nacional y la generación de empleo pero con el aditivo que empiezan a visualizarse las fisuras en el bloque de poder tal como lo demuestran las duras críticas de gobernadores, la UIA y sectores del campo a las recientes medidas adoptadas.

A diferencia de cuando se pensó y creó el Fondo Sojero hacia el 2009, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner con objetivos claramente redistributivos y federales, éstas últimas medidas se enmarcan en la reciente visita del FMI para monitorear el acuerdo firmado con el país, que apunta a profundizar la estrategia de reducción de déficit fiscal, con un dólar al alza que ya supera los 30 pesos, inflación acumulada en los primeros siete meses del año del 19,6% -con una ya vieja meta paritaria del 15%-, caída de la actividad económica del -5,8% y  de la industria del -8,1% y el riesgo país en su punto máximo desde diciembre de 2015.

Ante la misión del FMI, el gobierno nacional acata a rajatabla y presiona y extorsiona a gobernadores e intendentes para cumplir con los objetivos del ajuste. Cada salvataje viene con más ajuste y no hay ajuste sin consecuencias. Cuando se habla de ajuste, a alguien lo van a ajustar. Alguien va a tener que dejar de hacer cosas que hacía y va a perder derechos que tenía.

A un –ya- escenario complicado para el conjunto de la clase trabajadora y el sector productivo, se le suman provincias y municipios en donde autoridades locales y regionales tendrán que decidir si quieren seguir quejándose de los que algunos denominan “la pesada herencia” o defender los intereses y recursos de los santafesinos y santafesinas.

 

* Economista UNR. Asesora económica del bloque FPV-PJ Concejo Municipal de Rosario.

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