Ante la sesión por los allanamientos a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, en el Gobierno mantuvieron un silencio estratégico. Así le devolvieron gentilezas a la ex presidenta por su silencio durante los últimos meses de penurias económicas y causas por aportes truchos. Ni el presidente Mauricio Macri, ni el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ni ninguno de los voceros habituales hablaron sobre la sesión del Senado. El objetivo fue no quedar como los impulsores de esa iniciativa, pese a que ya Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, presionaron para que votaran el desafuero. Y hubo funcionarios que dependen de Hernán Lombardi que impulsaron la manifestación frente al Congreso, anteayer.

No hubo declaraciones oficiales luego de la manifestación, ni tampoco luego de la decisión de la ex presidenta de acceder al allanamiento. No hacía falta: los números en el Senado ya eran suficientes. En el oficialismo estimaron que era el momento de replegarse y dejar las declaraciones en manos de los senadores oficialistas y la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien tuvo que conducir la sesión más picante de los últimos tiempos, junto a la del aborto.

La mayoría de los voceros se abstuvieron hasta de dar explicaciones de la ausencia absoluta de declaraciones. Si bien había satisfacción porque la manifestación había sido lo suficientemente masiva para no convertirse en un papelón, también evaluaban que opinar en este momento dejaba al Ejecutivo como otro poder que presionaba sobre el Legislativo. No queda claro en esa lógica dónde quedaría el hecho de que convocaron una marcha para presionar a los senadores y que votaran contra la ex presidenta. De esa manifestación participaron varios diputados oficialistas como Fernando Iglesias, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, entre otros.

La única del Ejecutivo que cargó con la responsabilidad de hablar del tema fue Michetti. Lo hizo antes de la sesión. “Estamos en una encrucijada histórica. La sesión es una nueva oportunidad para dejar atrás la impunidad de la corrupción en la Argentina y esto debe darse de manera categórica con la autorización de los allanamientos pedidos por el juez Bonadio y la ley de extinción de dominio”, dijo Michetti.