Luego de la votación que autorizó el allanamiento judicial a los domicilios de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Senado abordabó otro controvertido tema sobre el que tampoco había acuerdo entre las principales bancadas: la extinción de dominio. La media sanción de Diputados al proyecto que apunta a recuperar bienes y dinero producto de diferentes delitos tipificados en el Código Penal (corrupción, terrorismo, lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico) fue modificada y devuelta a la Cámara baja.

Los senadores no alcanzaron un consenso sobre las modificaciones a realizar: el Peronismo Federal se alzó con el dictamen de mayoría, pero a pesar de las modificaciones concedidas, tanto Cambiemos como el Frente para la Victoria mantuvieron sus propios dictámenes, lo que anticipaba una votación reñida. Finalmente el dictamen del peronismo que conduce Miguel Pichetto fue aprobado con 40 votos a favor, todos ellos del Bloque Justicialista, el kirchnerismo y bancadas provinciales, contra 26 en contra que logró reunir Cambiemos.

La iniciativa presentada por el salteño Rodolfo Urtubey define la extinción de dominio como una acción civil, dentro del proceso penal. Urtubey concedió cambios en su texto original a pedido de otros bloques en busca de lograr consenso. Aceptó que sea un fiscal y no el Procurador del Tesoro (dependiente del Ejecutivo) quien inicie la acción civil, como reclamaba Cambiemos. También se incorporaron a la extinción de dominio los delitos contra el orden económico y financiero, como pedía el FpV-PJ. Del mismo modo que se incorporó la extinción de dominio anticipada, algo que “ya existe en el decomiso” –afirmó Urtubey– para casos de delitos cometidos en flagrancia, fuga o rebeldía del acusado.

Pero al oficialismo no le conformaban las modificaciones y Cambiemos intentó insistir con el proyecto de Federico Pinedo.“No estamos de acuerdo. El proceso tiene que ser más expeditivo”, proclamó el presidente provisional del Senado, que propuso la extinción de dominio dentro del fuero civil y paralelamente al proceso penal, es decir, con sentencias independientes y sin que haya una condena firme en la causa penal. Para Pinedo, “el imputado o tenedor del bien tiene que demostrar la legitimidad de la posesión de ese dominio”.

Pero el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, salió al cruce de las afirmaciones de Pinedo: “No estoy de acuerdo con la inversión de la carga de la prueba, que hoy solo existe para el delito de enriquecimiento ilícito”. El rionegrino sostuvo que el proyecto de su bancada regula “un procedimiento de alta razonabilidad” y remarcó la necesidad de “hacer normas que garanticen el debido proceso”.

Otro peronista federal, el formoseño José Mayans advirtió sobre la necesidad de llegar a un texto unificado. “El problema ya no es este proyecto, sino que Diputados va a fijar su proyecto, y no recuerdo un solo especialista que lo haya defendido. Si hoy no llegamos a un acuerdo, sigamos trabajando en el tema”, pidió el formoseño. El pedido no fue oído.

Como finalmente la media sanción de la Cámara de Diputados fue modificada, la mayoría alcanzada entonces en la Cámara baja para aprobar la iniciativa deberá ahora contar con los dos tercios de los votos para ratificar el texto original que envió al Senado. Algo difícil de alcanzar.

El kirchnerismo mantuvo su propio dictamen redactado por la senadora María de los Ángeles Sacnun, que propone incorporar explícitamente a la extinción de dominio a “los corruptores”, y no tácitamente donde los delitos de corrupción y cohecho tienen su parte “activa” y “pasiva”. A pesar de eso, finalmente los senadores del FpV-PJ inclinaron la balanza a la hora de la votación para el dictamen de los federales.