“Las políticas de ajuste, acompañadas de falsas justificaciones, hacen caer sobre las mayorías populares los costos de la fiesta especulativa y de la fuga de capitales”, sostiene el Grupo de Curas en Opción por los Pobres (GCOPP), en el documento difundido ayer al final de su 31º encuentro anual, celebrado en Santiago del Estero. En la misma declaración los curas rechazaron las declaraciones del obispo castrense Santiago Olivera, quien hace unos días se manifestó públicamente en defensa de los genocidas de la última dictadura justificando la teoría de los dos demonios. 

En el texto, los sacerdotes católicos expresaron su preocupación en torno a la “situación económica y social del país” que “parece encaminarse a un colapso”. En ese sentido, responsabilizaron a “las políticas de transferencia de riqueza del gobierno de Mauricio Macri por el crecimiento de la pobreza y la indigencia; el deterioro generalizado de la calidad de vida de trabajadores, jubilados, discapacitados y personas vulnerables; el grave deterioro de la educación y la salud públicas; y la destrucción de las fuentes de trabajo”. Además, los sacerdotes rechazaron la escalada represiva y la utilización del Poder Judicial “con el fin de eliminar cualquier resistencia efectiva o potencial a los intereses que rigen el actual modelo de concentración de la riqueza”. Y de manera directa afirmaron que “el país no tiene futuro en estas condiciones. No se puede ir contra la vida y la dignidad de la población en nombre de la codicia de una elite minoritaria que se opone a la distribución equitativa de la riqueza”.

En la misma declaración los curas recordaron “uno de los acontecimientos eclesiales latinoamericanos más relevantes del post Concilio Vaticano II: los 50 años de la publicación de los documentos finales de la II Conferencia general del Episcopado Latinoamericano reunida en Medellín que marcó el camino de la renovación eclesial y de la opción por los pobres para nuestro continente”. En aquellos documentos, explicaron, apoyaban su reflexión actual.

En referencia a la propia Iglesia, los sacerdotes que realizan su labor en villas y barriadas pobres cuestionaron al obispo castrense Olivera por justificar el terrorismo de Estado y también a aquellos obispos que tuvieron una importante injerencia en el debate sobre el aborto. “Esta postura del obispo castrense, la presión ejercida sobre los legisladores por parte de algunos obispos en la votación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y la escasa lectura de los procesos culturales de nuestra sociedad –como la aparición del colectivo feminista– alejan a la Iglesia institucional de las búsquedas y angustias de nuestro tiempo”. En ese sentido, sostuvieron que “esto no hace más que afirmar una posición autoritaria, donde el diálogo es más una declamación que una realidad” y señalan que “sería interesante abrir el debate social sobre la separación entre Iglesia y Estado, no sólo en lo que concierne a la cesación del sostenimiento económico por parte del Estado sino también en lo que atañe a la búsqueda de una sana convivencia con autonomía de competencias”.