Otro allanamiento de larga duración se hizo ayer desde la media tarde en una vivienda de Cristina Fernández de Kirchner en El Calafate en la causa de las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno que hablan de coimas, y continuaba hacia la noche sin ningún hallazgo. Con el correr de las horas fueron llegando agentes de la Policía Federal que viajaban desde Buenos Aires, perros (los llevan para olfatear y rastrear, por ejemplo, dinero) y efectivos de Gendarmería. Llevaron el mismo tipo de tecnología que se había usado un día antes en el inmueble de Recoleta: scanners y boroscopios, que sirven para ver qué hay en lugares inaccesibles sin romper las instalaciones. Una diferencia fue que en el Sur se permitió que presenciara el operativo un abogado allegado a la familia Kirchner, Daniel Cabezas. En cambio en la vivienda de Uruguay y Juncal, por orden del juez Claudio Bonadio el defensor de la ex presidenta en esta causa, Carlos Alberto Beraldi, fue obligado a retirarse. Esta situación fue cuestionada y señalada como una ilegalidad por prestigiosos penalistas y constitucionalistas. Beraldi denunció ayer a Bonadio por abuso de autoridad y presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura. CFK no quiere volver por ahora  ese departamento por razones de seguridad, que incluyen la sospecha de que le hayan puesto micrófonos.

El allanamiento en Recoleta terminó a las tres de la mañana, con la entrega de actas a un escribano, donde figura toda la actividad que hicieron los policías en el lugar. Hasta donde pudieron verificar los enviados de CFK al lugar, no habían provocado roturas, algo que sí había ocurrido días antes en el allanamiento a otros dos propiedades en el mismo edificio, que pertenecen a Osvaldo de Sousa (hermano de Fabián de Sousa, del grupo Indalo), donde rompieron paredes y pisos. De todos modos, al menos por un tiempo la ex presidente decidió que permanecerá en otro lado, en principio con su hija Florencia. El despliegue, como describió PáginaI12 había sido pensado para los medios, con el inicio a la hora de los noticieros del mediodía, y la continuación hasta después de los noticieros de la noche. En El Calafate, la inspección empezó cerca de 15.30, pero mantuvo en vilo a portales que lo sostuvieron como título principal y canales de televisión hasta entrada la noche, y todo indicaba que unas cuantas horas más. Además, de la vivienda de 500 metros cuadrados, el lugar tiene un parque inmenso, adonde se asomaban los cronistas que llegaban en medio de un clima de tensión con lugareños que los criticaban. Los scanners y baroscopios (es como un endoscopio de uso médico pero para detectar objetos a través de una camarita que toma imágenes de lugares de difícil acceso) requieren un uso trabajoso y cambiar elementos y muebles de lugar.

Hasta última hora no se conocía ningún hallazgo. Tampoco lo hubo en Río Gallegos, donde se generó una controversia porque llevaron como testigos a dos jubilados que han colaborado con la campaña de Cambiemos en 2017. Del departamento de Recoleta la policía no se llevó nada. La orden de allanamiento decía que los agentes debían buscar teléfonos celulares, agendas, dispositivos informáticos y elementos de valor en general.

Beraldi decidió denunciar al juez Bonadio por haber ordenado mandarlo al palier e impedir que presenciara el procedimiento. La ex presidenta le había pedido que estuviera en su lugar en el momento que llegara la Policía Federal. Los agentes como están acostumbrados a que la persona que los recibe presencie la inspección, no dijeron nada. Pero después de recorrer los primeros ambientes, al llegar a la cocina recibieron un llamado del juzgado, que ordenaba echar a Beraldi. “Las orden impartida quebranta las directivas contenidas en los artículos 200 y 228 del Código Procesal Penal, que reglamentan las garantías de la inviolabilidad del domicilio y la defensa en juicio tuteladas por el artículo 18 de la Constitución Nacional”, dice la denuncia que presentó contra el juez por abuso de autoridad. La causa le tocó al juez Sebastián Casanello, junto con el fiscal Carlos Stornelli, el mismo de la causa de las fotocopias de los cuadernos.  Los artículos de las normas procesales que señala son los que disponen: “Los defensores de las partes tendrán derecho a asistir a los registros domiciliarios, reconocimientos, reconstrucciones pericias e inspecciones…”(artículo 200); “La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar donde deba efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado o, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar (...) al notificado se le invitará a presenciar el registro” (artículo 208). Beraldi era la única persona que estaba en el departamento y fue quien abrió la puerta a los policías. La presentación del jurista recuerda –además– la exposición de Miguel Angel Pichetto en el debate del allanamiento en el Senado, que debía habilitar ante el pedido del juez. Allí Pichetto dijo que “todos los recaudos que han planteado de las garantías procesales, del derecho a que esté el abogado” ya están en el Código Procesal y le piden al juez “que actúe con decoro, con prudencia, con responsabilidad institucional”. Entre otras cosas, pide que declaren los policías que estuvieron presentes y los testigos. “Como puede apreciarse estamos en presencia de episodios que revisten una enorme gravedad institucional y no registran antecedentes similares en tiempos democráticos”, dice la denuncia, que reclama una “investigación imparcial” que “restablezca los principio del estado de Derecho”.  

El episodio en cuestión generó reacciones en la comunidad jurídica, en su mayoría dirigidas a cuestionar la actuación de Bonadio. “No haber permitido que el abogado defensor de CFK participe de los allanamientos es inexplicable y viola la garantía de defensa en juicio garantizada por la Constitución y los tratados de Derechos Humanos”, tuiteó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. El penalista, ex ministro de Justicia y camarista León Arslanian dijo en La Inmensa Minoría que fue una situación violatoria de las normas procesales, garantías y que es pasible de “nulidad”. También sostuvo que no es algo que quede librado a la decisión del juez, a contramano de lo que planteó el constitucionalista Gregorio Badeni, que sostuvo que el juez sí podría disponer a piacere.

Los allanamientos a los inmuebles de la ex presidenta alimentan, como queda en evidencia, todos los relatos volcados en la causa en boca de “arrepentidos” que hablan de bolsos con dinero y fajos con millones escondidos en bóvedas u otros escondites, nada de lo que ha sido corroborado hasta ahora, lo que no implica que no haya existido corrupción en el reparto de obra pública.

CFK, el gran eje político de esta causa, que también derrama enormes efectos sobre el empresariado, está imputada como jefa de una asociación ilícita organizada para recaudar fondos ilegales y destinarlos a enriquecimiento personal y a la comisión de otros delitos. El punto de partida fueron las anotaciones que reconoció Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta (el número dos del Ministerio de Planificación) que habla de entregas de planta en Olivos, la Casa Rosada y Recoleta. Luego se sumó la declaración de Claudio Uberti –ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales– devenido arrepentido, que habló de valijas en el departamento de Juncal, sugirió que la ex presidenta conocía los movimientos y habló de bóvedas en Río Gallegos. Se especula con que José López haya sumado alguna referencia en su “arrepentimiento”. Por ahora los allanamientos quizá sirvan para hacer tasaciones de cuadros, alhajas y otros objetos de valor, y para cotejar la verosimilitud de algunos relatos, pero no parece que aporten otra cosa.