"Vivimos un momento de recrudecimiento de políticas represivas del Estado con un Gobierno que promueve a diario el gatillo fácil como política pública", sintetizó la referente de la Correpi, María del Carmen Verdú, la política de seguridad del Gobierno de Cambiemos en la previa de la 4 Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que se replicará por primera vez en varias ciudades y provincias del país, y en la Ciudad de Buenos Aires contará con una nutrida columna de organizaciones barriales y de familiares de víctimas de la violencia estatal para marchar desde el Congreso a Plaza de Mayo. "Por los que nos quitaron y por los que quedan. El Estado y los gobiernos son responsables", denuncian. 

La marcha nacional que surgió en Córdoba en 2015 por iniciativa de la familia de Ismael Sosa, el joven asesinado por la policía de Córdoba durante un recital de La Renga, se replicará este año en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Trelew y otras ciudades del país. Familiares de víctimas de la violencia policial y organizaciones barriales y políticas gritarán "ni un pibe ni una piba menos, ni una bala más".

La abogada de Correpi acompañará la movilización que a las 16 partirá del Congreso rumbo a la Plaza de Mayo a una semana de que se inicie el juicio oral contra el integrante del cuerpo de bomberos de la Policía de la Ciudad Adrián Otero, quien mató con su arma reglamentaria a Cristian "El Paragüita" Toledo Medina el 15 de julio de 2017. "Es más importante que nunca que salgamos a la calle", aseguró la referente de Correpi, en diálogo con FM Gráfica, y advirtió el "momento de recrudecimiento de las políticas represivas del Estado" al recordar la visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al policía Luis Chocobar, procesado por matar por la espalda a Juan Pablo Kukoc. 

El caso de Kukoc, quien calló abatido cuando escapa tras un robo, fue el que instaló la "doctrina Chocobar" respaldada no solo por la ministra Bullrich sino también por el presidente Mauricio Macri, quien lo recibió en la Casa Rosada y lo defendió frente a la confirmación de su procesamiento en todas las instancias judiciales. "Si vamos a decir que estamos en un estado de derecho, en una democracia, que reivindica el derecho a la vida, como nos dicen todos los Gobierno, bueno hay que respetar el Código Penal, que define 'homicidio' para quien matare a otro", señaló Verdú frente a los argumentos oficiales que destacan la actuación del policía.  

"No son casos aislados, sino que estas formas de represión son ejercidas de manera sistemática a lo largo y a lo ancho del país y dirigidas fundamentalmente a los jóvenes de los barrios más humildes, donde se suceden impunemente, además de asesinatos por parte de las policías, múltiples formas de represión contra los más vulnerables", denuncian las organizaciones y familiares en el comunicado que convoca a marcha en todo el país y exigen: "No queremos milicos en las calles", en repudio al discurso de la militarización impuesto desde la Casa Rosada. 

Verdú enmarcó la avanzada represiva en el marco de la situación socio económica que atraviesa el país: "El incremento de la política represiva está directamente relacionada con la situación social porque el represión sigue al ajuste como la sombra al cuerpo". El último informe de Correpi sobre casos de víctimas de la violencia institucional arrojó que en los primeros dos años de gobierno de Cambiemos, 725 personas murieron en manos de las fuerzas de seguridad, o sea, una persona por día.