Finalmente resultó no había una sola prueba contra los doce diputados nacionales a quienes el gobierno de Cambiemos acusó de haber cometido cuatro delitos penales graves, sólo fueron “discusiones subidas de tono”. El juez federal Claudio Bonadio tuvo que archivar la denuncia que presentó en diciembre Guillermo Soarez Gache, subsecretario ante los Poderes del Ministerio de Seguridad por “atentado agravado”, algo que en verdad podría haber hecho el mismo día de recibir el escrito del funcionario de Patricia Bullrich. Los hechos sucedieron el 14 de diciembre cuando el Congreso se disponía a tratar la reforma previsional y cuando comenzó la represión a los manifestantes este puñado de legisladores y legisladoras salieron para interceder ante las fuerzas de seguridad. 

“Que estas causas se estén cerrando tan rápido demuestra que en diciembre desde el Ministerio de seguridad y sus aliados intentaron criminalizar a la oposición que se manifestó en las calles, este gobierno teme la movilización”, expresó la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que realizó el seguimiento del expediente y era una de las imputadas. Por su parte, el diputado Horacio Pietragalla, de Unidad Ciudadana, que también figuró entre los acusados, cuestionó que “haya procesamientos por nada, si son muchos tanto mejor, los difunden en los medios y después quedan archivados”. A su criterio, “judicializar así la política genera un daño muy grande”, y recordó que “ese día la nuestra fue una intervención política no de barrabravas, ante la represión feroz una parte del cuerpo legislativo salió a defender a los manifestantes, y pretenden resolverlo con una denuncia contra nosotros, una locura”. En tanto, Bregman agregó que “como continuidad de eso, el Gobierno de la Ciudad nos inicio un juicio a organizaciones de izquierda y populares por los supuestos destrozos de ese día, nos reprimen, nos arman causas, le sacaron ojos a varios manifestantes y quieren cobrarnos millones. Es la manera descarada de la derecha de criminalizar la manifestación popular”.

El ministerio de Bullrich había logrado que los diputados Leopoldo Moreau, Mayra Mendoza, Andrés Larroque, Daniel Filmus, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Araceli Ferreyra, Marcos Cleri, Gabriel Mariotto, Nicolás Del Caño, además de Pietragalla y Bregman, fueran acusados de haber “ejercido u organizado diversos actos de violencia y amenazas tendientes a impedir y coaccionar el accionar de las fuerzas de seguridad que actuaban en las afueras del Congreso”. Fueron cinco sucesos, en medio de los palos, gases y detenciones de numerosos manifestantes, algunos de los cuales siguen imputados por haber “perturbado el inicio y el desarrollo de las sesiones legislativas”. La causa llegó a estar activa, con una carátula que mencionó encubrimiento agravado, amenazas e intimidación pública. 

Sin embargo, el fiscal federal Jorge Di Lello terminó pidiendo el archivo del expediente “ante la orfandad de elementos probatorios”. Dijo Di Lello en su dictamen que “los hechos denunciados no pueden serle achacados a legisladores como autores o cómplices de sucesos delictivos que nunca estuvo en sus proyectos, ni aún pudieron haber consentido el desarrollo de los mismos fuera del Congreso, y mucho menos coordinarlos y pretender fructíferamente el impedimento del trabajo llevado adelante por personal de la Gendarmería”. Bonadio pudo haber desestimado de plano la denuncia, como así también el fiscal Gerardo Pollicita, quien por el contrario impulsó la acción penal que ahora quedó en la nada.