“Esto es más que un conflicto salarial”, así los docentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que agrupa a los gremios mayoritarios de la provincia de Buenos Aires, confirmaron el rechazo de la última oferta paritaria realizada por la gobernadora María Eugenia Vidal de un 19 por ciento más 210 pesos y comenzaron el paro de 72 horas que incluirá una movilización hacia la gobernación en La Plata para el miércoles. Además de lo salarial, los maestros exigieron respuesta por los problemas de infraestructura de las escuelas, situación crítica que la explosión en la escuela de Moreno puso de manifiesto. “Hay 900 escuelas sin clases por el estado de los edificio escolares”, informó Roberto Baradel, titular de Suteba.    

Esta mañana los docentes bonaerenses brindaron una conferencia de prensa para rechazar la nueva oferta paritaria y anunciar nuevas medidas de fuerza “para frenar el ajuste”. Además hicieron foco en las condiciones de trabajo y de estudio y pidieron “escuelas dignas y seguras”. "Hoy vamos a estar realizando acciones distritales. Mañana nos movilizamos a La Plata y el jueves acompañamos la movilización de la Universidad", informaron los representantes de Suteba, FEB, Udocba, AMET y Sadop.

"Se desterró la cláusula gatillo. No hay diálogo en la paritaria. No pudimos plantear ninguna alternativa. No hay negociaciones. Hay convocatorias con una propuesta unilateral", denunció Mirta Petrocini, titular de la FEB, sobre el conflicto que atraviesan los docentes. La dirigente criticó la actitud del gobierno provincial que no convocó a los maestros hasta que la Justicia obligó a los funcionarios a retomar la negociación paritaria. "En los días de conciliación obligatoria no hubo ningún llamado para encauzar el conflicto. No hubo una propuesta para recomponer el salario docente. El salario no alcanza, es el mismo que en diciembre de 2017", remarcó Petrocini.

Los maestros además remarcaron que el conflicto no se limita a lo salarial e hicieron foco en los problemas graves de infraestructura. "De escuelas dignas pasamos a pedir escuelas seguras. Fíjense como estamos. En el Conurbano hay que arreglar casi todas las escuelas. Hay escuelas que no tienen condiciones ni para trabajar ni para estudiar ", sostuvo Miguel Díaz, de Udocba.

En este sentido, Baradel informó que actualmente hay 900 escuelas sin clases. Muchas de ellas fueron cerradas después de la explosión de la escuela 49 de Moreno, donde murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. Muchas tenían problemas con el gas. “Necesitamos un plan de contingencia con partidas presupuestarias para que las escuelas sean lugares seguros. Después discutimos que también sean lugares confortables para una educación de calidad. No puede ser que un maestro o un chico pongan en riesgo su vida cuando están en la escuela”, remarcó el titular de Suteba.

Para Petroccini, la tragedia “evitable y anunciada” en la escuela de Moreno llevó al Gobierno a reconocer “la dolorosa realidad” y por eso enviaron a inspeccionar las instalaciones de gas de todas las escuelas. “La primera medida que toman las distribuidoras de gas es cortar el suministro. Cierran la llave pero esperan que continúen las clases con un anafe eléctrico de uso hogareño donde no se le puede hacer ni el té a 200 chicos. Es un sin sentido”, aseguró.

Baradel extendió la crisis de infraestructura a los hospitales bonaerenses y puso de ejemplo caídas de techo y cielo raso en el Hospital Gutiérrez, o la caída de un asensor con paciente y camillero incluido en el hospital de Lanús o el corte de luz en el hospital de La Plata que obligó a un grupo de cirujanos a terminar una operación alumbrándose con la luz de sus celulares.

“Hay una situación muy compleja en la provincia con relación a la educación y la salud. Es posible que hagamos una concertación con los trabajadores de la salud y hagamos una gran marcha. Si no hay respuesta es muy probable que además de las movilizaciones haya más medidas de fuerzas”, aseguró Baradel, que se solidarizó también con el gremio de Camioneros por las multas aplicadas por el gobierno interpretadas como un acto de “persecución” sindical. “Estamos dispuestos a movilizarnos con todas las organizaciones que estén dispuestas a movilizarse para frenar el ajuste”, dijo por último el dirigente.