Una multitud se concentró frente al Congreso para reclamarle al gobierno nacional que frene el ajuste en la atención a personas con discapacidad. El recorte afecta a pacientes, profesionales de la salud y transportistas. Al grito de “No al ajuste en discapacidad”, los manifestantes cortaron avenida Rivadavia con bombos, carteles y globos rojos que representan la situación de urgencia que atraviesan. Los manifestantes reclaman el pago de pensiones adeudadas de los últimos seis meses de este año y el 20 por ciento de las correspondientes a tres meses de 2017. El recorte afecta a unas 100 mil personas entre niños y adultos.
Karina Herrera, vicepresidenta de Asociación Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (Afapprei), es madre de dos niños con Trastorno Espectro Autista. “Santiago tiene 5 años y tiene desarrollo tardío por falta de prestación. Hoy podría hablar y no usar pañales”, afirmó. Herrera no tiene obra social ni la cobertura de Incluir Salud, por lo que se ve obligada a pagar la totalidad de las prestaciones que necesitan sus hijos. “Yo necesito un acompañante terapéutico para manejarme con los chicos en el día a día, soy la que acompaña a Santiago a la escuela todos los días”, contó. Herrera se vio obligada a dejar su trabajo hace dos años y su ex marido no se hace cargo de sus hijos.
“Necesitamos que Santiago Ibarzábal y la vicepresidenta Gabriela Michetti, los titulares del área de discapacidad nos presten la atención que necesitamos”, urgió Herrera. Afapprei agrupa a familias y pequeños prestadores de servicios de salud. Fueron a la movilización con un pañuelo azul que decía: “Nada acerca de nosotros sin nosotros”, creado por el Observatorio de Personas con Discapacidad. “Con este pañuelo reclamamos que las personas con discapacidad no están representadas en el consejo asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad”, sostuvo Rosana Morales, tesorera de la Afapprei.
Desde la organización aseguraron que pidieron reuniones con Sandro Taricco, actual superintendente de servicios de salud, Adolfo Rubinstein, ministro de Salud e incluso el jefe de Gabinete Marcos Peña. “Jamás nos recibieron, ni siquiera nos responden las notas”, le dijo Herrera a PáginaI12. “El Gobierno de turno propone un montón de cosas, pero no se articula para que eso se realice como corresponde”, afirmó.
Los manifestantes reclamaron, entre otros aspectos, que se incremente el nomenclador nacional. En esta lista se incluyen cuáles son las prestaciones de salud que se deben brindar. Según Herrera, hace dos años que no se aumentan las prestaciones en el nomenclador y, además, muchas siguen sin ser tenidas en cuenta. “Nosotros reclamamos el reconocimiento de los acompañantes terapéuticos y los intérpretes de lenguas de seña para que sean incluidos en el nomenclador”, afirmó. En estos casos, Herrera aseguró que suele hacerse “un juicio de amparo para que la obra social reconozca el pago de esa prestación cuando es absolutamente necesaria”.
Lorena Herrero es profesora de educación especial y se dedica a la rehabilitación auditiva y del lenguaje. “A partir de una resolución totalmente arbitraria, el año que viene se pueden inscribir en el registro nacional de prestadores aquellos que tengan título universitario. Con esto me cortan toda la posibilidad de trabajo”, denunció. Esta resolución afectaría a profesionales terciarios como psicomotricistas.
“Hoy se va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos una ley que dice que todas las personas tienen derecho a una prestación básica de salud y esto no se está cumpliendo”, afirmó Inés Vallilengua, vicedirectora del centro de día “Nuevos logros”, ubicado en la localidad de San Martín, donde se atienden 40 personas. Vallilengua remarcó que las instituciones que trabajan con personas con discapacidad están “con muchas dificultades para cobros de las prestaciones específicas, especialmente con Incluir Salud, que tiene muchas irregularidades”.
Incluir Salud es un programa de cobertura médica para las personas que viven en la provincia de Buenos Aires y reciben una pensión no contributiva (PNC) o una pensión graciable. “Es una obra social que debería incluir las mismas prestaciones que cualquier obra social como la atención médica, medicamentos, servicios educativos y eso no se está brindando en este momento. Tampoco dan sillas de ruedas ni prestaciones específicas como atención kinesiológica, fonoaudiológica, psiquiátrica y psicológica”, sostuvo Vallilengua. Explicó que los centros de día se ven afectados por la demora o ausencia de pagos ya que se les dificulta aceptar el ingreso de nuevas personas a la institución.
El ajuste también afecta al transporte, servicio básico para que las personas con discapacidad puedan asistir a centros de día, de salud e instituciones educativas. “Esto afecta principalmente a las familias de bajos recursos”, sostuvo Carlos Scipone, presidente de Ataecadis, una ong que agrupa a transportistas que trabajan con personas con discapacidad.
Informe: Ludmila Ferrer.
