Los movimientos sociales aclararon que los anuncios del presidente Mauricio Macri sobre los aumentos en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en los programas de empleo ya estaban comprometidos y habían sido dados a conocer a finales de julio, por lo que no representan un anuncio propiamente dicho ni dan solución a la suba de precios acumulada desde ese entonces. Por el contrario, advirtieron que la profundización del ajuste agravará una crisis “para la que no alcanza el reparto de alimentos”.

Ayer, el Presidente reconoció que “con la devaluación, la pobreza va a aumentar” y anunció la ampliación de la asistencia para enfrentar este escenario de más deterioro en los sectores de menores ingresos. “Vamos a estar ahí para quienes más expuestos estén en este momento”, sostuvo. “Por eso”, agregó, “las personas que reciben la Asignación Universal por Hijo y otros programas sociales van a recibir un refuerzo en septiembre y diciembre. También vamos a reforzar los programas alimentarios en todo el país para garantizar la disponibilidad de alimentos en los comedores y merenderos”. 

El anuncio buscó ponerle una cara humanitaria a la ratificación del rumbo económico. Por supuesto, todo el discurso presidencial había ido en sentido contrario. Frases como “llegó la hora de equilibrar nuestras cuentas”, “otro acuerdo con el FMI”, “vivimos arriba de nuestras posibilidades” y “ahora nos toca”, tienen una traducción sin misterios. Por esto todo el arco de los movimientos sociales salió a cuestionar rápidamente las palabras presidenciales. Además, explicaron que el bono para los hogares que reciben Asignación Universal por Hijo y el aumento en el monto de los planes sociales es cosa vieja. Ya había sido acordado entre junio y julio en la mesa de diálogo social, en unas negociaciones abiertas a raíz de la marcha federal que los movimientos populares (CTEP, Barrios de Pie, Corriente Federal, FOL, Frente Darío Santillán) realizaron desde el interior a la Plaza de Mayo.

“En esas reuniones que se hicieron en junio, el Gobierno accedió a dar dos bonos de 1200 pesos, en septiembre y diciembre, a las familias que cobren la AUH. Es una suma por familia, no por hijo. También se acordó que los programas de empleo, que eran de 5 mil pesos, pasarían a 5500 en septiembre y a 6 mil en diciembre. Es decir que estos aumentos ya habían sido anunciados”, aclaró desde la CTEP Gildo Onorato. La declarada intención del Presidente de querer atenuar el impacto de lo que se viene fue pura impostación. 

En cuanto al aumento anunciado de las partidas de alimentos, los dirigentes plantean que habrá que ver, porque comedores populares reciben hoy 15 pesos por persona; por la suba de los precios, lo que reclaman es que ese aporte llegue al menos a 50 pesos. 

“No se puede salir de esta situación sólo con un aumento en el reparto de alimentos. Esa es una política de contención, pero la convulsión social no se va a resolver dando mercadería”, consideró Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

La dirigente contó que en los barrios del conurbano “hay desabastecimiento por la devaluación; muchos comercios optaron por no abrir porque no saben a qué precio deberán reponer la mercadería. Los que abren están remarcando: así como va, esto termina mal”.

El Frente Milagro Sala, el Frente Barrial de la CTA y las organizaciones sociales de la CTA Autónoma anticiparon, de la misma manera, que seguirán en la calle. 

“Ya no les pedimos que cambien el rumbo, porque es el que deliberadamente asumieron. Les pedimos que no empujen a los más humildes hacia la catástrofe social de no encontrar respuestas en un presupuesto que, si no incrementa sus políticas sociales, nos empuja hacia una auténtica tragedia política”, plantearon. 

En un comunicado con la firma de las tres organizaciones, señalaron que el Gobierno “pretende sostener su modelo de ajuste y saqueo compensando con bolsones, planes y bonos de miseria, que apenas llegan al bolsillo de nuestras compañeras y compañeros terminan diluidos”. 

“Con cada centavo que el dólar aumenta, nuestras compañeras y compañeros beneficiarios de los planes sociales que inventó éste Gobierno para destrozar las políticas públicas de empleo tienen un peso menos en el bolsillo. Un beneficiario del Salario Social Complementario cobra hoy 140 dólares por mes. Ese monto amenaza con seguir bajando”, apuntaron.

Otra consecuencia de la decisión de Cambiemos de ir hacia un recorte mayor de los gastos del Estado es que la posibilidad de generar puestos de trabajo a través de la obra pública se vuelve una quimera. Durante las gestiones kirchneristas, los movimientos acumularon una fuerte experiencia en la gestión de cooperativas de la construcción que dieron empleo, capacitación y mejoraron las condiciones de vida en los barrios. Ese modelo virtuoso sigue el horizonte de los movimientos, más allá de que en la emergencia se vean obligados a recurrir al Estado para sostener tareas de asistencia.