El gobierno de Cambiemos, por orden de la Justicia, ya no podrá usar los datos personales aportados con fines específicos a la Anses para aplicarlos a sus estrategias de comunicación. El mismo día que miles de trabajadores de la economía popular se manifestaron frente al organismo para exigir un aumento urgente de la AUH y de las jubilaciones, un fallo de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal estableció que los datos registrados en la Anses “no pueden ser cedidos” a la Secretaría de Comunicación Pública, como estableció hace más de dos años una resolución del jefe de gabinete Marcos Peña.
El 25 de julio de 2016 se publicó en el Boletín Oficial un “convenio de cooperación” –que luego refrendaría Peña– entre la Anses y la Secretaría de Comunicación Pública a cargo de Jorge Grecco, que estableció “el marco técnico jurídico para el intercambio electrónico de información contenida en las bases de datos”. El organismo encargado de la seguridad social se comprometió a remitirle “periódicamente” datos como nombre y apellido, CUIT/CUIL, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios de cada uno de sus beneficiarios. “Resulta necesario contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública, a través información que se encuentre consolidada en bases de datos, destacándose la posibilidad de enriquecerlas, segmentarlas, clasificarlas y normalizarlas, para posteriormente compartirlas con el organismo dador”, fue el argumento oficial.
Varios dirigentes de la oposición expresaron entonces su rechazo a la iniciativa. También funcionarios encargados de organismos de control. “No hay compatibilidad entre el fin que persigue la información recogida y tratada por la ANSES y el INSSJP, y la aplicación que de ella haría la Secretaría de Comunicación Pública”, justificó su rechazo el defensor del pueblo Alejandro Amor, que invocó la ley de protección de datos personales. Al día siguiente, en conferencia de prensa, Peña afirmó que “no hay vocación de utilización política” de la base de datos y sugirió que el objetivo era “mejorar la capacidad de llegar con información a los ciudadanos.
Dos años después, el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó la ilegalidad del uso de la información personal aplicado por el Gobierno. Los datos “no pueden ser cedidos en el marco de la Resolución No 166-E/2016 de la Jefatura de Gabinete de Ministros por la cual se aprobó el Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Nacional de Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación Pública”, informó el diario cooperativo Tiempo Argentino.
