La extensa lista de arrepentidos en el marco de la causa de los cuadernos Gloria sumó ayer un nuevo nombre. Tras varias idas y vueltas, finalmente el juez federal Claudio Bonadio homologó el acuerdo con el financista Ernesto Clarens y lo aceptó como “imputado colaborador”. Según trascendió, para conseguir el beneficio, Clarens entregó un listado de empresas contratistas que pagaron coimas. También reconoció haber llevado bolsos con dólares a Daniel Muñoz, quien fuera secretario de Néstor Kirchner. 

Luego de habérselo negado en varias oportunidades por considerar que no estaba aportando información útil para la causa, Bonadio aceptó conceder la figura de “arrepentido” al dueño de la financiera Inverness. El nuevo convenio ya había sido avalado por el fiscal Carlos Stornelli el pasado lunes. El imputado es señalado como un financista con extendidos vínculos con el anterior gobierno, aunque de sus últimas declaraciones trascendió que nunca conoció a Néstor ni a Cristina Kirchner. 

Clarens venía negociando su carácter de “imputado colaborador” desde que otro empresario, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Juan Chediack, lo apuntó no sólo como financista, sino también como recaudador. Según consignó este diario, en esa oportunidad Clarens confirmó que efectivamente recaudaba, puntualmente de empresarios de la obra pública, pero negó que sacara dinero al exterior. Los detalles sobre este último punto, es decir, las maniobras y el destino de los movimientos de dinero, es lo que Stornelli y Bonadio intentan obtener a presión para ubicarlo como la pieza clave en la supuesta estructura financiera en torno al empresario Lázaro Báez y las gestiones kirchneristas.

Hasta el lunes, las declaraciones de Clarens no conformaban al juez y al fiscal federal porque consideraban que no les decía todo lo que sabía. la percepción cambió en el arranque de la semana. El financista amplió la lista de empresas que se beneficiaban con contratos para la obra pública y dio nuevos detalles sobre sus funciones. De acuerdo a lo que trascendió de su declaración, confesó que su rol era cobrar los pesos que pagaban los empresarios como sobornos –provenían de lo que cobraban como adelantos de obra– y los cambiaba por dólares. Lo recaudado se lo llevaba a Muñoz. Siempre según esos mismos trascendidos, habló de dos lugares donde dejaba los bolsos: una habitación del Hotel Panamericano y el propio departamento de la familia Kirchner, en Recoleta. Añadió que después de la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, los bolsos ya no se los dejó a Muñoz –quien falleció en 2016– y se los comenzó a llevar al entonces secretario de Obras Públicas, José López, detenido desde que fue encontrado arrojando bolsos con dólares en un convento de General Rodríguez. Recientemente, López también consiguió ser considerado arrepentido en la causa de los cuadernos y así logró mejoras en sus condiciones de detención.

Como es norma en las condiciones que vienen imponiendo Bonadio y Stornelli, conseguida la condición de arrepentido, Clarens pasó por los tribunales de Comodoro Py y se fue en libertad. 

Por otro lado, ayer la defensa del ex subsecretario de Legal en el Ministerio de Planificación Rafael Llorens afirmó que la prisión preventiva dictada por Bonadio funciona como “un instrumento de tortura” y pidió la excarcelación del ex funcionario. Mediante un escrito, el abogado Mariano Silvestroni señaló que a su defendido lo presionaron para que se acogiera a la figura de “imputado colaborador” y, posteriormente en declaraciones radiales, sostuvo que a Llorens  “lo llevaron a las cinco de la madrugada, en una táctica de ablande”. “Se está utilizando la ley del arrepentido como un instrumento de coacción. Tienen la excusa de que pueden entorpecer la causa, pero, ¿quién puede entorpecerla más? ¿El primo del presidente (Mauricio Macri), que no pisó ni un minuto la cárcel, o ex funcionarios que no están en el Gobierno? Seguramente el primero”, afirmó, en referencia al ex dueño de Iecsa Ángelo Calcaterra quien, luego de admitir haber entregado dinero a los ex funcionarios del ministerio de Planificación para liberar contrataciones de obras públicas, quedó en libertad.