Rodolfo Páez, un campesino del Paraje Rural Las Vertientes, en Palma Sola, se enfrenta a un juicio que le inició Finca La Jujeña, Sociedad Anónima Industrial, Forestal y Ganadera, una de las grandes empresas del agronegocio de Jujuy, entre cuyos accionistas, asegura la defensa del imputado, se encuentra la familia Blaquier. Lo quieren desalojar. Lo acusan de usurpar unas tierras en las que él vive desde la década del 70, cuando se casó con Jacoba Lidia López, nacida y criada en ese mismo lugar, donde vivieron también su madre y sus abuelos. Fuera de los tribunales, los campesinos realizaron una feria para mostrar su producción, visibilizar su existencia, reclamar por la soberanía alimentaria y defender sus derechos a habitar y producir en las tierras en las que viven sus familias desde hace más de 100 años.
La familia Páez tiene alrededor de cien vacas. Cada una necesita cinco hectáreas para sobrevivir. Viven a campo abierto. Los hijos y la esposa de Páez, separada de él hace seis años, firmaron un convenio con la empresa a través del cual la compañía les cedió 20 hectáreas. “No se puede criar nada ahí”, contó Jacoba. “No hay riego ni pastura” en esa pequeña parcela. Según Hugo Alfredo Páez, hijo de ambos, firmaron el acuerdo bajo presión. El administrador de la empresa, Carlos René Bustamante Pérez, los amenazaba con desalojarlos. Su madre relató que iban con la policía a amedrentarlos. “Lo firmamos por necesidad. Estábamos muy bajo presión. No teníamos dinero para contratar abogado y venían con las topadoras amenazando que nos tiraría todo”, relató el joven, nacido y criado en ese lugar, que ahora tiene 34 años. Su padre y su hermana, que se quedaron viviendo en la casa de la familia tras la separación, no firmaron el acuerdo porque “era denigrante”.
En el momento de la denuncia, la Finca Jujeña S.A. tenía alrededor de 44 mil hectáreas en la zona. Según confesó en el juicio el administrador, la empresa tenía producción a 15 kilómetros del área en disputa, en la localidad de Vinalito. Luego de esa fecha, La Jujeña se dividió en dos compañías, una de ellas Finca El Mistol, que es la que sigue el proceso como querellante, a pesar que al momento de los hechos no estaba constituida en el lugar.
El juicio
La Sala del Tribunal Criminal 2, en el segundo piso del Palacio del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, no tiene más de 16 metros cuadrados. Detrás del estrado se sientan los jueces Antonio Llermanos –presidente de trámite–, Ernesto Kamada y Claudia Cecilia Sadir, que son custodiados por un Cristo crucificado ubicado sobre la pared, arriba de sus cabezas. A los costados están los escritorios donde se ubican de un lado el fiscal y el querellante y del otro, los abogados defensores y el acusado. Frente al púlpito de los magistrados, dos bancos de madera, similares a los que utilizan los devotos cuando acuden a la iglesia. No más de seis personas en este caso fueron habilitadas por los jueces para seguir el proceso. Se trata de integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI - CTEP), que quisieron estar presentes para acompañar a Rodolfo. Páez es un hombre de contextura grande, que se sienta encorvado al costado de la sala, debiendo defender las tierras que habita desde hace casi 50 años de una empresa que pretende desmontar la zona para plantar soja.
Las cuestiones de rigor prácticamente estuvieron ausentes. En ningún caso los jueces preguntaron a los testigos por las generales de la ley. Apenas pidieron que se pongan de pie para prestar juramento. La música de una protesta de trabajadores judiciales que se realizaba en el patio de los Tribunales inundaba la sala.
Al inicio de la audiencia, la abogada del acusado, María José Castillo, pidió el apartamiento de la querella, representada por la Finca El Mistol, que al momento de los hechos “no era titular registral y mucho menos poseedora” del territorio en disputa. Después de un cuarto intermedio de una hora concedido al abogado querellante para que fundamente su oposición al pedido de la letrada, el Tribunal rechazó el planteo de la defensa.
El primero en declarar fue Carlos René Bustamante Pérez, quien denunció a Rodolfo Páez en septiembre de 2011. Un hombre robusto, prepotente, que cumplió servicios para Finca Jujeña desde 1997 y que se desvinculó de la empresa poco tiempo atrás. Según su versión, Páez habría ingresado “sin autorización ni permiso alguno al inmueble propiedad de Finca La Jujeña donde procedió a plantar postes de 300 metros y poceado por el tramo de 4 kilómetros y medio, aproximadamente desde las tierras fiscales colindantes hacia la Finca, obstaculizando e impidiendo el normal uso de la misma a sus legítimos propietarios; invadiendo el inmueble con pleno conocimiento de que no tenía autorización para realizar tarea alguna e impidiendo el paso y libre tránsito en la misma”. A pesar que el ex administrador aseguró que Páez lo amenazó durante los hechos que originaron la denuncia, ninguno de los dos policías citados por la querella como testigos, confirmó esa versión, más bien la negaron.
Luego fue el turno de Jacoba Lidia López. 69 años, flaca, morocha, la piel arrugada por el tiempo. Frente a los jueces contó que vive en el Paraje Las Vertientes. “Nacida y criada ahí”, aseguró sentada como testigo en el proceso judicial que impulsan contra su ex marido. Sus abuelos y su madre están enterrados a 100 metros del lugar en el que vive desde siempre. Rodolfo se mudó a su casa en 1973, cuando se casaron. Durante su declaración relató la forma en la que fue obligada a firmar el convenio con la empresa en 2012. También recordó que cuando se separó de su marido se fue a vivir a la vivienda de su hijo, a sólo 70 metros del lugar. Rodolfo se quedó en la casa de toda la vida. Jacoba explicó que su esposo no quiso firmar el acuerdo con la empresa.
“Hemos criado animales, hemos vivido, han nacido mis hijos. El mayor tiene 40 años ya. Y estamos ahí, peleándola contra estas firmas muy pesaditas que son, que se creen los dueños de todo, y nos tienen ahí mal, mal, presionándonos y hacen cosas que no tienen que hacernos. No pueden decir que son usurpaciones. Nosotros nos dedicamos a la hacienda. Tenemos vacas, caballos, cabras, chanchos y la empresa no tiene nada ahí. Tienen monte virgen. Lejos, a 6 kilómetros con los desmontes que empezó a hacer la empresa en 2011, comenzaron a sembrar porque antes no tenían nada.”
Fuera del recinto, cuando alguien le preguntó qué esperaba del proceso, respondió: “Tenemos un poquito de esperanza que haiga justicia, que la justicia mire para el pobre, no para el rico. El rico no sabe lo que es vivir ahí en esos montes. No hay agua potable, no tenemos luz, nada. Es un calor impresionante. No hay ni agua dulce, es salada. Recién estamos llevando un caño con las organizaciones. Esa es la esperanza, que tengamos agua dulce”.
Cuando dentro de la audiencia le preguntaron por qué no se mudaba a la ciudad, respondió: “¿qué voy a hacer yo ahí? ¿de qué voy a vivir ahí? Ya soy grande”.
Según Castillo, “la acusación por usurpación es una forma tradicional que tienen las empresas de utilizar el derecho penal para despojar de sus territorios a estas familias que en general no tienen títulos de tierra pero sí tienen la posesión. Esa es la forma que el empresario, cuando no puede desalojar de hecho, utiliza el Poder Judicial y la herramienta del derecho penal para llevarlo a juicio. Acá no estamos hablando de quién tiene los títulos, porque los papeles se venden y se compran, como vimos en otros lados. La ley les da derecho a los poseedores de permanecer en su tierra y a defenderla de los actos de despojo”.
“En definitiva, lo que trasluce este conflicto penal es un conflicto social que es por el desmonte. Porque además hace unos años, nosotros, como organización, hemos logrado frenar un desmonte; y eso se traduce después en un cuasi acto de venganza de la empresa al continuar con la imputación penal”, aseguró la abogada.
Castillo remarcó que está confirmado que el grupo Blaquier tiene vinculaciones con la empresa El Mistol. “Hay miembros de la familia Blaquier como titulares de acciones. Lo que hay que tener claro es que son grandes empresas del agronegocio las que están detrás de esto, no solo Ledesma; también está un empresario conocido de la provincia de Salta, de apellido Cervera, que es socio del senador Alfredo Olmedo, dueño de grandes extensiones de soja”.
Desmontes ilegales
En el año 2012 la empresa El Mistol presentó un pedido de autorización para desmontar 12 mil hectáreas en la zona ante la Dirección de Desarrollo Sustentable. Según un informe técnico realizado por el licenciado Marcelo Pérez, de la Dirección Provincial de Biodiversidad de la Secretaría de Gestión Ambiental, “el proyecto presentado por los titulares de la Finca El Mistol, producirá un impacto negativo para las familias residentes dentro y vecinas a la finca ya que afecta la forma de vida y a sus economías altamente dependientes de los bienes y servicios que provee el bosque nativo. Por lo que el cambio de uso de la tierra que plantea la eliminación del bosque o reducción de su superficie pone en riesgo su reproducción social. Se recomienda el replanteo del proyecto de cambio de uso de la tierra teniendo en cuenta la situación de los pobladores, que les permita asegurar su supervivencia y progreso económico, evitando el conflicto entre las partes”.
El pedido de la Finca fue rechazado en 2014. Frente a esa resolución la empresa presentó trámites para realizar desmontes fraccionados en 2015. Recién el 23 de agosto de 2017, ya bajo el gobierno de Gerardo Morales, la Secretaría de Desarrollo Sustentable autorizó a la empresa al desmonte de 1000 hectáreas. Según la abogada Castillo, dichos pedidos “fueron autorizados irregularmente porque se incumplió lo que establece la Ley de Bosques Nativos, la Ley general del Ambiente y lo que fue confirmado en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció que previo a todo procedimiento de autorización de desmonte se debe realizar una audiencia pública”.
La audiencia continuará el próximo jueves. Luego se pasará a un cuarto intermedio. Deben fijar entonces la nueva fecha para conocer los alegatos y la sentencia.
