“No pude ni hablar con él”, lamentó Sonia Ivanoff, la abogada del lonko Facundo Jones Huala que ayer fue extraditado a Chile por una comitiva que viajó para su traslado. La letrada fue notificada del operativo cuando su defendido ya estaba en el helicóptero que lo llevó desde la cárcel de Esquel hasta el aeropuerto El Plumerillo, de Mendoza, desde donde voló a Santiago. De poco sirvió la voz de alerta que corrió por la mensajería de teléfonos celulares de los integrantes de las comunidades de apoyo a los pueblos indígenas, que llamaban a protestar contra la medida. El Gobierno nacional desconoció así el pedido del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que había acogido la denuncia de Ivanoff por la violación de los derechos del líder espiritual y político de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, donde desapareció Santiago Maldonado. En línea con el acuerdo que habría cerrado Mauricio Macri con la ex presidenta Michelle Bachelet para que Jones Huala finalmente fuera llevado a Chile, los funcionarios de Cambiemos desestimaron los argumentos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que les había solicitado suspender la extradición para estudiar si fueron avasallados los derechos del lonko contenidos en tres de los artículos del Pacto de Internacional de Derechos Civiles y Políticos.   

Para Ivanoff lo sucedido ayer es “de una enorme gravedad porque el Estado argentino está desconociendo los pactos y acuerdos internacionales que suscribió y consolidó en la Constitución Nacional, reformada en 1994”. En un escueto comunicado, “los Ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores y Culto informaron que, habiendo sido concedida por el juzgado federal de Bariloche y confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se efectivizó la extradición de Francisco Facundo Jones Huala a Chile para que sea juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de armas de fuego de fabricación artesanal”. Sendas carteras agregaron que “la extradición fue requerida en dos oportunidades, primero en 2013 y luego en 2016, por parte de la justicia del país vecino por causas abiertas” en contra de Jones Huala.

“Me esperan el frío, la comida podrida y los golpes”, había dicho el lonko cuando la Corte Suprema confirmó la resolución dictada luego del segundo juicio de extradición. El primero fue anulado al aparecer testigos que declararon en su contra luego de haber sido torturados. El proceso por los hechos que le endilgan terminó en 2014 con la absolución de todos los imputados por un tribunal de Valdivia. Al momento de ser detenido, Jones Huala se encontraba en casa de una machi (sanadora) Millaray que venía protagonizando una lucha contra la hidroeléctrica Pilmaiquén.

Ayer en el entorno de Jones Huala hubo profunda preocupación porque consideran que peligra su integridad física. “En las cárceles chilenas la tortura es un hecho, no lo decimos nosotras sino que lo observó el Comité contra la Tortura de la ONU, en su examen de Chile el 9 de agosto de 2018”, explicó Ivanoff.