Que la Legislatura haya votado una ley prohibiendo las torres en la ciudad porteña y que el Código Urbanístico que pasó la primera lectura limite ese tipo de edificio, preocupa a los profesionales, en particular a los grandes estudios de arquitectura, las constructoras más poderosas y los ingenieros y arquitectos que tienen asalariados. No les queda en claro si la limitación va en serio o si es un bloque en la construcción de nuevos “peajes” para las dos cadenas de corrupción actuales, la “municipal” y la “macrista pura”.

Con lo que no sorprende que el Centro Argentino de Ingenieros, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, y el Consejo Profesional de Ingeniería Civil le hayan mandado a la Legislatura una carpeta de quejas por los proyectos de ley. Es enriquecedor leer esas páginas, porque muestra una total ausencia de preocupación por temas urbanos, calidad de vida, ecología o saturación. Lo único a lo que se refieren estos representantes institucionales de la especulación es al dinero. 

Concretamente, la obsesión es la “renta diferencial del suelo” y la “valorización de la tierra urbana”. Los lobbistas se preocupan por los derechos adquiridos de quienes compraron terrenos contando con alturas generosas y amenazan con “litigiosidad”. Y también se muestran insatisfechos por los “corredores” de torres, en particular porque en algunos hasta se bajarían las alturas actuales y porque en general no los dejarían avanzar sobre las avenidas comunes que crucen estos corredores. 

En todo este “aporte de asesoramiento a los legisladores” no hay una palabra sobre densidad urbana, uso de la infraestructura o patrimonio. Las tres entidades tienen en claro que lo único que importa es defenderle las torres a sus patrones.