Organizaciones sociales, sindicales y miembros de la comunidad educativa buscan presentar en el Congreso un proyecto de ley para revisar todos los establecimientos de enseñanza del país y garantizar que sean lugares seguros para dar clases. El proyecto de Verificación Técnica Escolar (VTE) toma como precedente el sistema de control automotor con el objetivo de crear “una herramienta de monitoreo ciudadano” que asegure que la vida de estudiantes y trabajadores de la educación no esté en riesgo. La iniciativa, explicó Alberto Croce, uno de sus impulsores, surgió luego de la explosión de la escuela 49. “Sandra y Rubén son un punto de inflexión. Nunca más puede pasar algo así, las cosas deben funcionar correctamente”, advirtió. “Quedarnos de brazos cruzados, o sacar un simple comunicado, esta vez no era una opción. El estado de emergencia edilicia por el que atraviesan numerosas instituciones educativas de todo el país, pone en riesgo la seguridad y la vida de estudiantes, docentes, personal no-docente y otros integrantes de la comunidad educativa”, fundamentó en un texto el grupo que impulsa la iniciativa, y que está compuesto por trabajadores de la educación, cooperadoras escolares, centros de estudiantes, federaciones de padres, organizaciones sociales y sindicatos.

Los impulsores del proyecto señalaron que, si existe el control de autos, también deberían existir los controles en las instituciones educativas. “Se supone que ya hay gente responsable para arreglar las escuelas y ya hay un presupuesto asignado. Pero el problema es que eso no se hace valer y después tenemos tragedias como la de Moreno. Después de lo que pasó con la escuela 49 hay muchas instituciones educativas que no están funcionando. Y lo que hizo Enargas fue salir a cortar el gas. Así evidencian el problema, pero no lo solucionan. No se puede estar jugando así con la vida de los chicos y de los docentes”, dijo Alberto Croce, secretario nacional de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).

Lo que propone el proyecto de ley, que actualmente cuenta con el respaldo de 30.000 firmas y está siendo presentado a diputados de distintos bloques, es la realización de una VTE en forma anual a todas las instituciones educativas del país para maximizar “el compromiso del Estado y de la comunidad educativa con la infraestructura educacional, garantizando efectivamente el derecho a la educación en nuestro país”.

“Esto sería una auditoria ciudadana de los mecanismos de control. Queremos que se cree una entidad nacional formada por docentes, cooperadoras escolares y otros representantes de la comunidad educativa que tenga acuerdos con la UTN, por ejemplo, para que revise que las escuelas estén en condiciones. Pensamos en la UTN porque tiene sedes en todo el país y porque es la que controla todas las plantas de verificación técnica de los autos. Es un precedente, porque ha mejorado el control sobre los vehículos. Además, no queremos que sea un negocio privado”, explicó Croce. 

El proyecto de ley propone que la entidad revisora se encargue de verificar que los establecimientos estén en buenas condiciones y para ello tendrá en cuenta el estado de las instalaciones gas, de electricidad, los baños, la mampostería y las aberturas, entre otros aspectos. “Luego de la revisión, se marcaría a la escuela con una oblea, para que todo el mundo se pueda dar cuenta de que ese establecimiento está en condiciones seguras para dar clases. Pensamos en 3 categorías: la escuela está en condiciones; la escuela no está en condiciones pero los arreglos se pueden hacer sin suspender las clases; y la escuela no puede funcionar así. En este último caso, nos proponemos establecer mecanismos alternativos para que los chicos no pierdan las clases”, aseguró Croce.

“Estamos en diálogo con diputados de todos los bloques. Porque a todos los gobernadores les cabe la responsabilidad de lo que pasa en las escuelas, del partido que sean. Lo que está pasando es producto de la desidia estatal. Hay quienes dicen ‘esto venía de antes’. Es cierto, este es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Pero también es cierto que hay una desinversión importante en los últimos dos años y medio, una baja en el presupuesto educativo de infraestructura muy grande”, agregó el secretario nacional de CADE.

“No nos consta que haya demasiado control por parte del estado. Si hubiera habido control, al día siguiente de lo que pasó con Sandra y Rubén no habrían cerrado tantas escuelas, manifestando problemas similares. La idea es exigirle al Gobierno que se haga cargo de arreglar los establecimientos educativos”, concluyó Croce. 

Informe: Azul Tejada.