El cuarto juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en Mendoza culminó ayer con condenas de entre 4 años y prisión perpetua para militares y policías que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron personas durante la última dictadura en esa provincia. Algunos acusados recibieron condenas por asociación ilícita. Es el caso del ex subsecretario de Seguridad Carlos Rico, quien recibió una de las penas más bajas y quedó en libertad por haber cumplido más de la mitad de la condena en prisión preventiva. Con Luciano Benjamín Menéndez, quien falleció en febrero de este año, fueron diez los represores que, a lo largo de los dos años de juicio, murieron. Solo uno de los acusados resultó absuelto. 

El juicio, que comenzó a mediados de 2016 y revisó las violaciones a los derechos humanos investigadas en diez causas, estuvo a cargo de los jueces Daniel Cisneros, Alejandro Piña y Gretel Diamante, integrantes del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza. Además de apuntar las condenas, los jueces reconocieron en su veredicto a Campo Las Lajas, un predio de la Fuerza Aérea, como centro clandestino de detención, así como reconocieron que las mujeres víctimas fueron atacadas “por su condición de género”. Es la primera vez que la Justicia reconoce esta situación en una sentencia por delitos de lesa humanidad. 

Las diez causas unificadas en el cuarto juicio que se desarrolló en la provincia abarcaron hechos sucedidos en contra de 86 víctimas –13 casos llegan a juicio por primera vez– en el Casino de Suboficiales de la Compañía Comando y Servicios de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, la Dirección de Informaciones de la Policía mendocina (D2), la Delegación local de la Policía Federal y Las Lajas. Hace algunos años, Rico fue ex subsecretario de Seguridad en la gestión de Celso Jaque, pero durante la dictadura fue oficial del Cuerpo de Infantería de la Policía de Mendoza.