“Es una acusación totalmente falsa”

Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que no existe ni una sola prueba en las más de 500 páginas del fallo de la causa de las fotocopias de los cuadernos que demuestre que ella recibió “pagos indebidos por parte de algún contratista del Estado o de cualquier otra persona”. Así lo planteó en la apelación a su procesamiento con prisión preventiva como jefa de una asociación ilícita que presentó ante la Sala I de la Cámara Federal. El escrito entregado a través de su abogado Carlos Beraldi, dice que la acusación es “poco seria” y “totalmente falsa”. Cuestiona la validez de las declaraciones de los arrepentidos, por ser tomadas bajo presión (y a cambio de recuperar la libertad) y marca contradicciones de esos relatos con fechas y montos que figuran en los cuadernos. Se detiene en algunos de los imputados colaboradores, ya que sus declaraciones fueron utilizadas para incriminarla: sobre José López, el ex secretario de Obras Públicas que dijo que “creía” que los 9 millones de dólares que llevó a un convento eran de ella, señaló diferencias con respecto a relatos anteriores y pruebas en otras causas; sobre el financista Ernesto Clarens, recordó que afirmó que ni siquiera la conoce y sin embargo fue tomado como una evidencia central.   

El fallo le atribuye a la ex presidenta 22 hechos de dádivas y 5 de cohecho en el contexto de una organización criminal que, sostuvo, tenía como finalidad recaudar dinero de manera ilegal, con pagos de contratistas del Estado (en obras públicas, concesiones viales, emprendimientos del sector energético y subsidios al transporte). La imputación contra la ex presidenta –igual que las del resto de los ex funcionarios– fue construida en base a las anotaciones de las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno y las declaraciones de arrepentidos, en su mayoría empresarios que admiten pagos ilícitos, el financista Clarens y los ex funcionarios López y Claudio Uberti, ex titular de Organo de Control de concesiones Viales (Occovi). En función de esos relatos, y sin otros elementos, se basa también en 87 presuntas entregas de dinero en el departamento de Recoleta de CFK y Néstor Kirchner a manos del ex secretario de éste, Daniel Muñoz (fallecido), en la declaración del piloto presidencial Sergio Velázquez (que habla de bolsos que no pasaban por el escáner de Aeroparque) y lo que el juez supone que fue una bóveda en la casa de El Calafate, porque dos arquitectos le dijeron que el lugar parecía haber sido reformado.

La apelación subraya que es el propio juez quien sostuvo en el fallo que “no se han constatado entregas de sumas dinerarias ilegítimas a manos de la propia Fernández” y que no aparece ni una evidencia que demuestre que haya dinero de ella. Incluso todo lo que encontraron, dice, está declarado.  Además de señalar la “orfandad probatoria” de la imputación, que describe como “falsa”, cuestiona “la manifiesta falta de sustento jurídico” es “tan ostensible que puede ser constatada a través de una simple pero agotadora lectura de las más de quinientas páginas inútiles que componen el decisorio”. “La imputación es tan poco seria que ni siquiera” el juez “puede describirla de modo preciso, tal como lo requiere cualquier auto de procesamiento”, lo que se advierten en frases como la que se encuentra la inicio y dice “esta mecánica funcionaba más o menos así”. Los delitos que se le adjudican a CFK no son descritos con precisión, apunta.

Según la defensa de la ex presidenta, muchas de las anotaciones de Centeno tomadas por válidas son falsas. Y eso se advierte en que “distintos arrepentidos que confesaron la comisión de delitos aseguraron que las fechas, los montos o los encuentros a los que se hace referencia en los presuntos cuadernos no se condicen con la realidad”. Algunos imputados incluso mostraron que en el momento de los hechos que les atribuyen ni siquiera estaban en la ciudad. Por esto, entre otras razones, Beraldi sostiene que los cuadernos no pueden constituir una prueba válida. Recuerda, además, que  Centeno fue declarado “insano” por la justicia en una causa de sus tiempos en el Ejército, donde tuvo una causa por arrojar una granada a un compañero. Incluso vuelve a plantear la duda de en qué momento fueron escritos los cuadernos, y señala que pueden haber sido creados “ex post”.

Respecto de los arrepentidos, señala que sus declaraciones “no son producto de una decisión libre” ya que si no acusan a un ex funcionario, y más aún a CFK, no recuperan la libertad. Algunos se arrepienten de lo que ellos mismos dicen. No hay ningún sustento que explique cómo se deduce y se prueba que los pagos terminaron en manos de la ex presidenta. Sigue sin haber pruebas una ruta del dinero. Respecto de López, recuerda que dio distintas versiones sobre los 9 millones de dólares que llevó al convento de General Rodríguez, incluso había reconocido cuando fue atrapado que los tenía guardados en su casa en un altillo de difícil acceso al lado de un tanque de agua (por lo que los billetes estaban húmedos). Pero ante el juez dijo que era dinero que le dio Fabián Gutiérrez, ex secretario de CFK hasta 2010 (que en 2016 ya estaba muy alejado de ella) y que era dinero que debía “mover”. Gutiérrez se presentó a decir que es mentira. En la imputación se le da un papel clave a Clarens, el financistas, quien admitió un papel de intermediario que recibía plata de los empresarios y se las daba en un período a Muñoz y a López en tiempos de Cristina. Pero aclaró que no conocía ni a Néstor ni a la ex presidenta.  El juez ponderó que el financista habló de la continuidad en el tiempo. La apelación también señala como inverosímil la declaración de Uberti, quien dijo que  el día que murió Kirchner había 60 millones de dólares en el departamento de la calle Uruguay, “aclarando que sabe de ello porque se lo contaron”.  

El abogado señala como un hecho de gravedad que no hay registro (más que el escrito) de las declaraciones de los arrepentidos y cuestionó que el fiscal Carlos Stornelli dijo públicamente que en el acta no se asentó todo lo que dijo López (por lo que ahora se abrió una causa judicial). Y cuestiona que se dicte la prisión preventiva de la ex mandataria –sujeta a lo que resuelva la cámara sobre el procesamiento y al pedido de desafuero posterior– cuando una “decena de empresarios arrepentidos” que están en libertad “cuentan con aceitadas relaciones con el Gobierno de turno o incluso vínculos familiares con el presidente”. En el caso de CFK, dice, es imposible pensar que pretenda eludir la justicia o entorpecer. La Sala de la Cámara que debe resolver estará integrada por dos jueces –Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi– designados por un “traslado” por decreto, sin concurso ni acuerdo del Senado, del presidente Mauricio Macri.