Hijos e hijas de represores repudiaron el encuentro que mantuvieron la semana pasada representantes de organizaciones que se autodenominan defensoras de “presos políticos” -aludiendo a condenados por delitos de lesa humanidad- con el obispo Carlos Malfa, secretario de la Conferencia Episcopal Argentina, y el obispo auxiliar de Lomas de Zamora, Jorge García Cuerva. “Desde el colectivo Historia Desobedientes -integrado por familiares de genocidas- manifestamos nuestro rechazo al tratamiento como “presos políticos” a quienes cumplen condena por haber cometido los crímenes más horrendos durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar”, sostuvieron desde la agrupación. Además, consideraron que la actitud de la Iglesia de autorizar el uso de expresiones como “presos políticos” para referirse a los genocidas “es un agravio” para las Madres, las Abuelas de Plaza de Mayo y la sociedad en su conjunto. 

De la reunión participaron once organizaciones encabezadas por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que preside Alberto Solanet. Entre los participantes también estuvo presente María Cecilia Pando, representando a la Asociación Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina.

Según la información aportada por la Conferencia Episcopal, la entrevista fue solicitada por los defensores de los represores detenidos con la finalidad de entregar una carta dirigida al Presidente del Episcopado, Oscar Ojea. En esa misiva -que no fue difundida por los obispos pero cuyo contenido trascendió- se denuncia “la escandalosa persecución y venganza contra los acusados de crímenes llamados de ‘lesa humanidad’, por hechos ocurridos en los años setenta”.

Desde Historias Desobedientes advirtieron con preocupación que desde estos sectores se pretenda “volver a instalar la teoría de los dos demonios y el negacionismo” y que “se busque beneficiar con fallos judiciales inadmisibles y con prisiones domiciliarias a los genocidas”. En ese sentido, señalaron que “la gravedad del momento social y político que vivimos y el retroceso en materia de derechos humanos que propone el actual gobierno hace necesario que los pronunciamientos sean claros y condenatorios a cualquier intento de negacionismo”.

“Es un agravio a las Madres, a las Abuelas y a la sociedad toda que se autoricen expresiones del tipo ‘presos políticos’ en el ámbito eclesiástico a quienes son responsables de crímenes contra la humanidad”, concluyeron.