Pasaron 17 años del estado de sitio y la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 dejó, solo en la Capital Federal, decenas de heridos y cinco muertos. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas tuvieron, hace dos años, un pedazo de la Justicia que reclaman cuando el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos fueron condenados por sus responsabilidades políticas en esos hechos. Pero la investigación que tiene como objetivo encontrar a los responsables directos de los disparos continúa su naufragio y corre peligro de quedar clausurada para siempre luego de que, a mediados de la semana pasada, la Cámara Federal –con la venia del Ministerio Público Fiscal– le concediera la prescripción a uno de los policías acusados de disparar balas de plomo en la calle aquella tarde. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, la principal querella que mantiene la acusación, encendieron la alarma: “¿Cómo puede ser que no sepamos con total claridad quiénes son responsables de estas cinco muertes? Es el Estado el que debe responder esta pregunta y no lo hace”, señaló Federico Efron, abogado del CELS. 

Para el representante del organismo que acompañó a los familiares de las víctimas y a sobrevivientes de ese operativo, la causa que investiga hace casi dos décadas lo que sucedió es una “demostración de la doble vara con la que se maneja el Poder Judicial y el Ejecutivo en cuestiones de represión de la protesta social”, reflexionó el abogado y advirtió: “Cuando se trata de investigar a las fuerzas de seguridad que cometen delitos y matan personas en un contexto de protesta, se protege a la fuerza y gana la impunidad. Cuando se trata de criminalizar la protesta, en lugar de controlar los modos arbitrarios de la Policía y limitarla, las avala y criminalizan a los manifestantes”. 

En mayo de 2016, tras más de dos años de juicio y a una década y media de sucedidos los hechos, Mathov, el ex funcionario del gobierno de Fernando De la Rúa, y Santos, además de varios otros ex agentes de la Federal, fueron condenados por las muertes de Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos “Petete” Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto, asesinados en el marco de la represión ordenada por el Gobierno de la Alianza, que culminó aquellos días. De la Rúa, quien firmó el estado de sitio que posibilitó la cacería en las calles aquella tarde de diciembre, fue sobreseído antes de llegar a juicio. 

Aquel juicio, no obstante, no significó el fin de la estadía de esas muertes en los tribunales de Comodoro Py, así como tampoco el de las heridas que sufrieron Damián Aquino, Fernando Rico, Julio Delbene Ford, Víctor Navarrete y Sergio Rubén Sánchez, entre otros, durante aquella represión. Porque la investigación para dar con las responsabilidades directas de esos hechos no cesó con el juicio que estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal número 6. Como la causa madre, esta instrucción quedó a cargo del juez Claudio Bonadio. “En 17 años no se avanzó en nada. No lo hizo el Poder Judicial, tampoco lo hizo el Ministerio Público Fiscal”, apuntó el abogado. 

El paso del tiempo es “la mejor manera de asegurar la impunidad en estos casos”, añadió Efron. Y las defensas de los acusados lo saben. En noviembre pasado, la del ex policía Sergio Guaita –uno de los siete policías imputados por los hechos– solicitó a Bonadio la prescripción de la acción por la que está acusado. Tras declarar en 2003, hace 15 años, se lo acusó de disparar con balas de plomo en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen. La fiscalía y el CELS apelaron la decisión, que terminó en la Cámara de Apelaciones. Allí, luego de que el fiscal la semana pasada el fiscal Germán Moldes desistiera de continuar la apelación, la Cámara en 24 horas avaló el pedido de la defensa de Guaita. 

“El rol de Moldes revela la doble vara con la que se maneja el Ministerio Públicos Fiscal y el Poder Judicial en cuestiones de criminalización de la protesta”, analizó el abogado del CELS. 

En ese sentido, detalló Efron: “Es el Ministerio Público, en representación del Estado, el que debe investigar los delitos en todos los casos y sin embargo, no lo hace. Moldes defendió el procesamiento de manifestantes enjuiciados tras la movilización que se realizó a un mes de lo de Santiago –Maldonado, en relación a la desaparición del joven, el 1 de agosto de 2017–. Lo hizo, con una verborragia muy represiva y punitivista contra los manifestantes, especialmente contra periodistas. Mientras que en el caso de las muertes por la represión de 2001, el mismo fiscal dijo que ya no quería investigar más a este señor que está acusado de disparar plomo contra manifestantes”. Con un escrito en el que describió a quienes protestaban como “una turba de canallas y facinerosos” que lo hacían “para llevar a cabo sus designios de inhabilitar a través de la violencia y la acción directa, la convivencia democrática”, solicitó ante la Cámara de Casación que sostenga la acusación contra los manifestantes. 

En el caso de Guaita, la prescripción quedó confirmada en la Cámara de Apelaciones, pero la querella insistirá en la Casación, la misma alzada que hace dos años que le debe a los familiares de las cinco víctimas fatales de la represión desatada por De la Rúa en la Ciudad de Buenos Aires y a los heridos la confirmación de las penas que recibieron Mathov, Santos y el resto de los condenados en el juicio de 2016.