La Defensoría del Pueblo de Santa Fe solicitó ayer al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) que no abandone la investigación del masivo apagón que dejó a oscuras a toda Rosario y localidades del sur provincial, el 30 de julio a la noche. En lo puntual, que continúe buscando posibles responsabilidades en la órbita de la empresa transportista de energía Transener SA, bajo fiscalización de aquel organismo contralor.

El área que conduce Raúl Lamberto consiguió y analizó información sobre aquel corte de luz regional de parte del Enre, de la Empresa Provincial de la Energía, de Transener y de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista (Cammesa). Al comparar versiones, concluyó: “Existen elementos discordantes. Teniendo en cuenta que la falla se produjo en instalaciones operadas por la empresa transportista Transener S.A. cuya actividad está sujeta al control del ENRE”, requirió que la investigación prosiga “tendiente a precisar las causas” del suceso, “y deslindar eventuales responsabilidades, con la concerniente aplicación de sanciones para el caso en que así corresponda, en virtud del impacto que generó en la población afectada”.

La resolución 279/18 remarca como indiscutible que “la falla que causó el apagón se produjo por maniobras sobre interruptores operados por la empresa Transener SA en la Estación Rosario Oeste (en las afueras de Pérez), luego de realizadas tareas sobre un transformador de potencia, previa autorización de Cammesa y luego de haberse puesto en conocimiento a la EPE”. Asimismo, el ombudsman reparó en lo inusual del horario para ejecutar maniobras, puesto que ocurrió en un momento de consumo pico y en un día de frío intenso como para que el consumo eléctrico se incremente.

El apagón sobrevino el lunes 30 de julio a las 20.30. Rosario y parte de la región sur quedaron a oscuras por unos 40 minutos, por la salida de servicio de dos transformadores de alta tensión en la estación Rosario Oeste.

La teoría del sabotaje para explicar el incidente surgió en las primeras horas posteriores. “Las casualidades no existen”, disparó entonces la secretaria de Energía provincial, Verónica Geese. “La probabilidad de que se den todos estos hechos juntos, no existe”, había deslizado Geese. En esos días, habían trascendido listas con altísimos sueldos del directorio y del personal jerárquico de la EPE, y el entonces ministro de Energía nacional, Javier Iguacel, y hasta el presidente Mauricio Macri habían cuestionado la eficiencia de la distribuidora santafesina, una de las pocas que se mantiene en la órbita de un Estado provincial y que nunca pudieron privatizarla.

Ese cóctel de malas noticias puso en guardia hasta al sindicato Luz y Fuerza, donde sospecharon una operación para volver a discutir la privatización de la EPE.

El pedido que ahora elevó Defensoría del Pueblo al Enre va en sintonía con la presunción de que hubo una mano negra que bajó la palanca adrede. “Existen muchas cuestiones que se deben desentrañar a los fines de deslindar eventuales responsabilidades, ya que de la información recabada se desprende que existen elementos discordantes”. remarcó el organismo público.