A través de un comunicado, Ayala dijo que no se escudaría en los fueros parlamentarios y que esclarecería los hechos y su “falta de responsabilidad” ante los tribunales de justicia.
Tras repasar algunos detalles de su procesamiento, la diputada radical afirma que “no hay ninguna prueba en el expediente (…) de que se hubiera modificado mi patrimonio, así como tampoco que hubiera algún beneficio indebido en esa contratación y/o sobre precio en el contrato (el alquiler de camiones de residuos en la Ciudad de Resistencia), que sigue actualmente en vigencia”.
El fallo conocido esta mañana confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la exintendenta por los "delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautora, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautora, todos en la modalidad de concurso real".
El Tribunal adoptó la misma medida respecto del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, y del resto de los imputados en la causa conocida como "Lavado II".
Entre las disposiciones que ordenó el fallo, que lleva la firma de las camaristas María Delfina Denogens, Eduardo Belforte y Rocío Alcalá, se incluía la reactivación del pedido de desafuero de la legisladora ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
