destacados
Promesas y vacilaciones

La decisión de la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal de dar marcha atrás con la aplicación del protocolo sobre Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y el paro del 19 de octubre contra los femicidios fueron el marco ineludible para la revisión del martes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. La titular del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez encabezó la delegación argentina que llegó a Ginebra para dar el informe del Estado argentino, con más promesas que resultados, y más vacilaciones e imprecisiones que datos concretos. Si bien Télam difundió que el organismo multilateral “felicitó” a la Argentina “por los avances en materia legislativa y celebró la adopción del Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, la comunicación oficial maquilló las preguntas y objeciones del comité de 23 expertos y expertas que -difundidos por las organizaciones no gubernamentales presentes- permiten avizorar un informe crítico para el 21 de noviembre próximo, el día que se conocerán las recomendaciones para la Argentina.
Parece que hubieran estado en lugares distintos. Las mujeres de la sociedad civil señalaron la falta de acceso al aborto seguro, las imprecisiones de las políticas para erradicar la violencia machista, la libertad de Milagro Sala y la vulneración de derechos de las mujeres detenidas como algunos de los temas candentes durante la presentación, así como también la situación de trans y travestis, un registro de los crímenes de odio y las políticas de inclusión para ellas. “La ONU llamó la atención del Estado argentino sobre implementar políticas de no regresividad en materia de derechos humanos de las mujeres”, es uno de los puntos que señaló el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, coordinado por Laurana Malacalza. 
Antes de la instancia del martes, una veintena de organizaciones elaboró un informe sombra sobre las deudas que el estado argentino mantiene con las mujeres. La alta tasa de muerte materna (32 cada 100.000 nacidos vivos según los datos oficiales del Ministerio de Salud para 2013) está lejísimos del 13 cada 100.000 comprometido por el Estado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En 2013, 243 mujeres perdieron la vida por razones relacionadas al embarazo. Que el 23 por ciento de esas muertes se deban a abortos inseguros es otro de los datos que convocó al Comité a exhortar a la Argentina a descriminalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Túñez refirió a “presiones de sectores conservadores del gobierno y la Iglesia” para responder sobre la decisión de Vidal en provincia de Buenos Aires, y se excusó de brindar datos sobre abortos legales, una estadística que debe estar disponible en el sistema público, ya que se trata de prácticas que deben ser garantizadas por los servicios públicos de salud. “Los aportes de las organizaciones de la sociedad civil respecto de lo que estaba ocurriendo en territorio sobre el aborto legal pusieron en alerta al Comité respecto de lo que está ocurriendo en relación a la implementación del aborto. Obstáculos y barreras siguen sucediéndose pese a la decisión de F.A.L y el marco legal vigente”, expresó Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina. 
Túñez dijo también que la “erradicación de la violencia contra la mujer es política de Estado”, pero la formulación no satisfizo al Comité, que pidió medidas “urgentes” de coordinación interestatal para frenar los femicidios. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema, el año pasado fueron 235 los asesinatos de mujeres por el sólo hecho de serlo. Por cuestiones de subregistro, la Casa del Encuentro relevó 286. Esos números serán superados en 2016, según todas las estimaciones. 
Si bien la funcionaria señaló el Plan Nacional de Acción presentado en julio como la gran apuesta del gobierno, un estudio realizado por el Equipo de Justicia y Género (ELA) determinó que en las partidas asignadas al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y al Plan 2017/2019, que no aparece claramente identificado en el presupuesto para el próximo año. “El cálculo en términos reales nos muestra que el Consejo Nacional de las Mujeres tendrá 8 por ciento menos de presupuesto si se tiene en cuenta la inflación prevista por el propio Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo Lucía Martelotte en una jornada realizada en octubre. Para todo 2016, el CNM sufrió un recorte de casi 4 millones de pesos y solo puede destinar un presupuesto de $3,85 por cada mujer. Para 2017, será de $4,45 por mujer, para todo el año.

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ