Desde Santa Fe.

El Tribunal Oral de Santa Fe presidido por Luciano Lauría y que completan María Ivón Vella y José María Escobar Cello dará hoy su veredicto en un juicio emblemático al terrorismo de estado en el que el fiscal Martín Suárez Faisal pidió que la sentencia sea “el testimonio histórico de la verdad” y la “futura herramienta de la memoria”. Es la megacausa Rafaela que juzga las violaciones a Silvia Suppo en un centro clandestino y -por primera vez– su embarazo forzoso y su aborto forzoso como delitos de lesa humanidad;  la desaparición de su primer compañero Reinaldo Hattemer, los suplicios que padecieron su esposo en democracia, Jorge Destéfani, su hermano Hugo Suppo y sus amigos Graciela Rabellino y Ricardo Díaz y el asesinato de Rubén Carignano en la comisaría 4ª, en 1977. A las 9, los comisarios Ricardo Ferreyra, Juan Calixto Perizzotti y Oscar Farina y la sargento María Eva Aebi tendrán la chance de decir sus últimas palabras, y a las 11.30, el Tribunal resolverá sobre las peticiones de la acusación y la defensa. El fiscal solicitó penas que oscilan entre 12 y 18 años de prisión para los imputados y la querella que patrocina a los hijos de Suppo propuso condenas aún más rigurosas, entre 10 y 20 años de cárcel efectiva.

Ferreyra era el jefe de la comisaría 4ª, “uno de los centros clandestinos de detención de Santa Fe, donde los cuerpos de las víctimas experimentaron la mayor crueldad humana”, planteó Suárez Faisal. Allí los martirizaron a todos. A Carignano hasta su muerte. Y a Suppo, antes y después de las violaciones en una prisión secreta del Ejército a la que llamaban La Casita.

Perizzotti operaba al mando del jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, como “coordinador” de otra cárcel del Ejército en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), en el barrio sur de la ciudad. Y Aebi y Farina, eran sus “colaboradores”, que se hicieron pasar por la pareja y la hermana de Silvia en el “embarazo forzado”, reveló Rabellino en el juicio.

Suárez Faisal solicitó que el Tribunal condene a Ferreyra a 18 años de prisión como autor mediato de las “violaciones reiteradas” a Suppo y las “torturas seguidas de muerte” de Carignano y a 16 años a Perizzotti y a 12 años a Aebi y Farina por el “aborto forzado”, entre otros cargos. Los abogados querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné solicitaron una pena más alta para Ferreyra: 20 años porque también lo acusaron por el “embarazo forzado” de Suppo, 15 años para Perizzotti y Aebi y 10 años para Farina.

En el juicio se probó –dijo el fiscal- que las siete víctimas sufrieron “gravísimos delitos” del terrorismo de estado, con secuelas que se extendieron aún en democracia. Pero sólo tres podrán conocer la sentencia: los esposos Rabellino y Díaz y Hugo Suppo, que se exilió en Brasil. Destéfani falleció en 2009 y Silvia fue asesinada en marzo de 2010, poco después relatar su martirio en el juicio al ex juez Víctor Brusa.   

Desde la primera denuncia de Suppo en 2000, la causa acumuló 18 años hasta llegar al veredicto de hoy, con sólo cuatro acusados en el banquillo. En noviembre de 2009 murió Rolón; en marzo de 2010, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, coronel Domingo Manuel Marcellini y en mayo de 2015, el subjefe, teniente coronel Jorge Diab, que era el único imputado por la desaparición de Hattemer. Y del grupo de tareas de Rafaela, un agente secreto del Ejército que operaba como PCI, Felipe Miglietto falleció en febrero de 2010 y el ex jefe de Policía de Rafaela, Italo Falchini, en setiembre de ese mismo año. “Vemos que entre todos los protagonistas del circuito represivo de Santa Fe, sólo algunos están aquí enjuiciados”, señaló Suárez Faisal. Y subrayó la “monstruosa intervención” de Miglietto, que “se manejó con un poder absoluto durante la dictadura en la zona del oeste santafesino”, al extremo de impedirle a la familia Carignano que puedan velar los restos de su hijo. 

“Asumimos –dijo Suárez Faisal- que Rolón, Marcellini, Diab, así como Miglietto o Falchini no pueden legalmente ser juzgados por haber fallecido, pero dejamos formalmente solicitado que en la sentencia se describa como testimonio histórico de la verdad y como futura herramienta de la memoria, las intervenciones que todas estas personas tuvieron en estos hechos”, concluyó.