Los argentinos son los más que más sufrieron el impacto de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos en toda la región. En los últimos dos años el tarifazo se comió el bolsillo: de representar un 6 por ciento del salario pasó a superar el 23 por ciento. Con los nuevos cuadros tarifarios, Argentina quedó tercera en el podio de los países sudamericanos con mayor incidencia de las tarifas sobre los sueldos.
De acuerdo con un informe de la Universidad de Avellaneda, en 2015 la incidencia del costo de los servicios sobre el salario era “muy baja”, cerca del 6 por ciento. Pero con los sucesivos aumentos dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri esa relación alcanzó el 23,5 por ciento. Esta cifra llevó a la Argentina a ocupar la tercera posición en el ranking de ocho países de la región, detrás de Venezuela (con una incidencia del 36,5%) y de Chile (24,9%).
Los aumentos registrados desde inicios de 2016 alcanzaron el 2057 por ciento en gas natural, el 1491 por ciento en energía eléctrica y casi un 1000 por ciento en el servicio de agua potable. En materia de transporte, se observaron ajustes del 677 por ciento en peajes, 375 en el boleto del tren, 332 en colectivos de corta distancia y un 177 por ciento en subtes.
El aumento de la incidencia del pago de los servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable) sobre el salario mínimo fue de 17,2 puntos porcentuales en los últimos tres años. Las tarifas reguladas desde el Estado como el ABL, que aumentó un 135 por ciento en la era Macri, o las prepagas, que subieron un 157 por ciento, también se posicionan por sobre la inflación media acumulada desde 2016 hasta la fecha.
Según detallaron desde la Universidad, por un lado, la liberación de las tarifas generó una "notable transferencia de recursos" y por el otro, el ahorro que posibilitó la quita de los subsidios de los servicios públicos fue compensado por la baja de impuestos a las exportaciones, a la minería y a las grandes empresas.
El estudio remarca también que según el proyecto del Presupuesto, que el Ejecutivo se apura por aprobar como señal al FMI, marca una disminución del peso de los subsidios para el próximo año: de representar el 2,2 por ciento del PBI en 2018 pasará a ser un 1,6 por lo que se puede inferir que las tarifas seguirán subiendo.
El nuevo paradigma tarifario, aclara el informe, reduce los gastos estatales en subsidios pero libera el precio de las tarifas hacia los usuarios finales lo que implica “que las ganancias en dólares de dichas compañías terminen siendo soportadas tanto por toda la cadena productiva argentina como por las familias, que ven como sus ingresos salariales y no salariales se reducen”.
