El proyecto de ley impulsado por Cambiemos y el Peronismo Federal para modificar el impuesto a los Bienes Personales será debatido hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. La iniciativa, que ingresó a la Cámara baja la semana pasada, forma parte del acuerdo político entre el Gobierno y un grupo de gobernadores para la aprobación del Presupuesto 2019 (ver página 7). Propone elevar el mínimo no imponible de 1,5 a 2 millones de pesos a partir del próximo año y, además, establece un esquema de alícuotas crecientes para los patrimonios más abultados. La carga del tributo arranca en 0,25 por ciento y llega al 0,75 por ciento. Esos niveles, de todos modos, se mantienen por debajo de la alícuota de 1,25 por ciento que regía hasta 2016, cuando fue disminuida por el Gobierno para alentar la adhesión al blanqueo de capitales. 

El esquema propuesto en el acuerdo entre el oficialismo y 18 gobernadores mantiene la insignificante alícuota de 0,25 por ciento para aquellos contribuyentes que declaren bienes valuados entre 2 y 5 millones de pesos. El impuesto se paga sobre el excedente. O sea, un trabajador con bienes por 2.500.000 millones de pesos, por ejemplo, pagaría el 0,25 por ciento de 500 mil pesos: 1250 pesos en el año. Cuando el patrimonio oscile entre 5 y 20 millones, la normativa propone que los individuos paguen una suma fija de 7500 pesos más el 0,5 por ciento sobre el patrimonio excedente. Al tramo superior, a partir de los 20 millones de pesos, le corresponderá un desembolso de 82.500 pesos junto con una tasa del 0,75 por ciento. 

El proyecto fue cuestionado desde los principales estudios contables por considerar que afecta la “seguridad jurídica”. La reducción de las alícuotas aprobada en 2016 con el apoyo del Frente Renovador y el Bloque Justicialista representó un beneficio para los contribuyentes con los patrimonios más abultados. El CEPA estima que el Estado perdió más de 5600 millones de pesos en 2017 por esos cambios.