La futurología de la morfología
La Defensoría del Pueblo porteño encontró una perlita, una obra autorizada por su “propuesta morfológica” que, seguro-seguro, será aprobable cuando alguna vez se cambie el código de planeamiento.
 

 

Una de las profesiones discretas más rentables no es la interpretación órfica de los bonos, ni la habilidad de hacer lobby por obscuros articulados comerciales que hacen fortunas. Mucho más concreta, la profesión es la de interpretar el código de planeamiento urbano de esta ciudad, un mamotreto deliberadamente bizantino, cribado de siglas incomprensibles para el lego y lo suficientemente contradictorio como para encontrar siempre una interpretación y también la opuesta. El lucro está en estar en la posición de decidir y encontrar la interpretación que le conviene al especulador de turno. Es que el código supuestamente dice qué se puede construir y qué no en cada lote de Buenos Aires, con lo que dice cuánto vale realmente cada lote de esta ciudad.

Los funcionarios municipales siempre fueron creativos a la hora de encontrarle la vuelta a los deseos del especulador. Así como en la ley romana se aplicaba los de in dubio, pro reo, en esta ley municipal se zanja siempre por el que tiene los billetes, un in dubio, pro Creso. Pero lo que hay que admitir es que desde ese fin de año de 2007 en que asumió como jefe de Gobierno el actual presidente Mauricio Macri, la interpretación del código llegó a alturas inesperadas.

Un ejemplo es la obra de la foto, una torre feota y desangelada como tantas que pasan por arquitectura en el 500 de la calle Méndez de Andes, a metros de Honorio Pueyrredón. Esta obra estuvo parada largamente y sus planos originales fueron aprobados en 2001, cuando esta zona de la Comuna 6 era un piedra libre de torres y edificios en altura. Pero los vecinos se pusieron duros y ya en 2008 lograron una baja drástica de alturas constructivas. El argumento, que sigue intacto, era que Caballito es el barrio más denso de la ciudad, el que menos verde tiene y el que más abunda en gentes apiladas.

Desde entonces, fue una lucha por parar a los que siguieron como antes y a los que buscaban una excepción. Hay que entender que cuando se bajan las alturas constructivas se desvaloriza la tierra y se valoriza el edificio existente: si se pueden hacer diez pisos, la magnífica casa patrimonial ni existe, es algo a demoler para “liberar el potencial del lote”. Pero si se pueden hacer un par de pisos, en retiro, la casa súbitamente vuelve a existir, a ser usable y vendible. Esto es un fenómeno positivo, pero pincha el globo de las fantasías especulativas de tantos que tienen casas y quieren sentir que viven en un tesoro. Ni hablar de los que compraron pensando en llenarse con una venta futura.

Como el área afectada es grande, todo el sur de Caballito, aparecen todo tipo de avivadas y curretes. El edificio de esta nota logró en junio de 2013 que le aprobaran “los esquemas morfológicos propuestos”, expresión que nada casualmente es inescrutable. La disposición 888 de la Dirección General de Interpretación Urbanística y Registro, que lleva la firma del gran mandarín Antonio Ledesma, es un prodigio de lenguaje burocrático, opaco y misterioso. Hizo falta que los vecinos se empeñaran en aplicar el sentido común de la ley que baja alturas y que recurrieran a la Defensoría del Pueblo porteño para que se encontrara la clave del currete.

Resulta que la ley 2722 es la simplicidad misma, marcando una altura máxima que sólo permite construir casas, departamentos de planta baja y un piso o dos, con retiro, o dividir casas grandes en departamentos. La simplicidad viene de la intención clarísima de prohibir edificios en altura y torres de cualquier tipo, que por algo la consigna fue “No a las torres”. Con lo que la disposición se permite decir que si bien es cierto que la ley cambia la zonificación, también es cierto que los actuales dueños compraron la obra paralizada en “carácter judicial” y “con derechos incluidos”. Pero como se sabe que algo comprado en quiebra es algo comprado barato, no hay manera de mostrarse lesados en el bolsillo, con lo que los nuevos dueños proponen “una solución morfológica que organiza sus masas en directa relación con las estructuras formales de entre medianeras sumando asimismo tres niveles en retiro renunciando de esta forma a la construcción de seis niveles superiores”.

Tal vez emocionados por tanta generosidad, los funcionarios a las órdenes de Ledesma –alguien cuya función parecía ser casi exclusivamente firmar este tipo de cosas– se jugaron a algo que la Defensoría todavía está tratando de creer que diga un funcionario: aprobaron la idea en base a alguna ley futura... El párrafo explica que el actual código de planeamiento urbano, que tiene validez legal, será reemplazado por un código urbanístico, que todavía no existe. Según los funcionarios de Ledesma, este futuro código “otorgará particular especial importancia a los criterios morfológicos”, lo cual explica que los nuevos dueños, bien asesorados, presentaran una “solución morfología”.

Como tanta morfología parece futurología y no tiene la menor base legal, la Defensoría tomó la denuncia de una vecina y terminó resolviendo que el sucesor de Ledesma, Guillermo Bugarín, revea la disposición de 2013 y al actual director de Registro de Obras y Catastro Sebastián Uberti, que revea el permiso de obra. En ambos casos, la Defensoría pide simplemente que se revise el tema de acuerdo a la ley 2722 que, al contrario que la morfología del texto, tiene validez legal actual, concreta, ahora mismo.

Como se puede ver, lo del Túnel del Tiempo no fue un accidente. Es un sistema, que ahora se complementa con la bola de cristal que permite ver qué será aprobado algún día, cuando haya un nuevo código.

[email protected]

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ