La Justicia de Venado Tuerto imputó ayer a 13 personas por asociación ilícita. Las vinculó a la apropiación de 32 inmuebles valuados en 1.000 millones de pesos desde 2011. La investigación empezó en 2017, cuando una persona fue al Registro de la Propiedad para denunciar que el campo de su padre, que había muerto, había sido vendido con un poder falso. Según explicaron desde el Gobierno de Santa Fe, que detectó las maniobras y aportó material a la causa, el grupo buscaba propiedades en ciudades y campos que estuvieran a nombre de personas que viven fuera de Argentina o fallecidas sin herederos. Con documentos falsos simulaban ventas a testaferros para después pasarlas al mercado inmobiliario y revenderlas. Este viernes, un hombre señalado como líder e ideólogo del grupo enfrentará su imputación en Melincué. El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, dijo que se trata de la estafa más grande que se cometió en esta provincia.

Según informaron fuentes de la investigación, la banda estaba integrada de la siguiente manera: quien aparece como líder sería el abogado penalista Antonio Di Benedetto. Las segundas líneas: Eduardo Casadei, escribano de Venado Tuerto; Ángel Emilio Moreale, escribano de Armstrong; Raúl Jaime, gestor de Rosario. Mientras que los partícipes y "prestanombres" o testaferros serían: Luis Alberto Bentati, Milena Fischer, Danisa Elisabet Pintos, Maria de los Sarría, Marcelo Jesús Sava, Fernando Astigarraga, Luis Restovich, el médico Alejandro Dall'Armellina, Alberto Long y Roberto Miguel Sainz.

Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia de Santa Fe, dijo: “Fue algo burdo. Las estafas eran sistemáticas y reiteradas. Por más que sean profesionales, no dejan de ser delincuentes. Si a un ladrón que roba una bicicleta, moto o una cartera, esgrimiendo un arma, le dictan prisión preventiva, a estos profesionales que robaron millones de pesos y que lo hicieron con una birome, también tienen que quedar en prisión preventiva”.

El caso llegó a la Justicia en 2017, cuando el Gobierno de Santa Fe detectó una venta hecha con un documento apócrifo de una persona que estaba muerta en Venado Tuerto. La provincia siguió a quienes estuvieron involucrados. “Lo fuimos presentando en denuncias en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde se creó una unidad fiscal especial para delitos económicos en Venado Tuerto para llevar adelante la investigación”, explicó Escauriza al portal Venado 24. Otra de las modalidades, siempre según las denuncias, consistía en hacer comparecer a la persona fallecida como si estuviese viva para completar la transacción.