Después de obstaculizar el aborto a una joven víctima de violación, el nombre del ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra se convirtió en un emblema antiderechos, no sólo en la ciudad de Cippoleti, sino en todo el país. Sectores religiosos y ultraconservadores le enviaron su apoyo desde distintos puntos del territorio cuando se enteraron de que había sido denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Al punto de que hasta la panelista Amalia Granata difundió un video en solidaridad con el ginecólogo que se definió a sí mismo como un “gladiador”. Ahora, el Tribunal que preside el juez Julio Sueldo dio a conocer su decisión de llevarlo a juicio, tras la denuncia realizada por la legisladora provincial Marta Milesi.

La causa en la que se investiga el accionar del médico militante del “salvemos las dos vidas” que impidió que una joven pudiera acceder a la interrupción legal de su embarazo está a cargo del fiscal Santiago Márquez Gauna. A Rodríguez Lastra se lo acusa de no haber cumplido con la ley de aborto no punible que rige en Río Negro (además de las causales contempladas en la Constitución desde 1921). 

La mujer llegó al hospital de Cipolletti, donde Rodríguez Lastra se desempeña como jefe de ginecología, con un aborto ya en curso y lo que hizo el médico –según cuentan desde la organización socorrista patagónica La Revuelta- fue medicarla para revertir el cuadro y obligarla a continuar con el embarazo, que había sido producto de una violación. Desde, La Revuelta resaltaron la importancia de no confundir el incumplimiento de las leyes vigentes con la mal llamada objeción de conciencia. “El médico pudo apelar a lo que se llama objeción de prácticas, sin dejar de cumplir con su obligación de dar la información necesaria y asegurar que el hospital garantice lo que la joven solicitó conforme a leyes vigentes en el país y en Río Negro”, explicaron en diálogo con Página12.

Para Ruth Zurbriggen de La Revuelta “lo más terrible de esta situación fue que Lastra atendió a la joven que llegó a la guardia con un proceso de aborto en curso y él se ocupó de hacer prácticas médicas para evitar que el proceso siga su curso. Es decir, arremete desde su moral individual, usando su poder médico desoyendo en todo momento a la joven”.

Según contó Zurbriggen, la joven tuvo entrevistas con esa organización feminista y desde un principio recibió información para reclamar la Interrupción Voluntaria del Embarazo que le correspondía por causales. “Escuchamos su situación y pudimos ver la trama de violencias que vivenciaba. Y durante todos los meses que estuvo prácticamente secuestrada en el hospital tratamos de estar cerca de ella. Ahora vemos la llegada del juicio como un primer paso, crucial”, finalizó.