La democracia está condicionada por la vulneración de los derechos humanos y sociales. A esta conclusión llegaron miles de organizaciones cuyos referentes lo expresaron con su firma en una solicitada publicada en PáginaI12 bajo el título “Unidad para luchar por la justicia social y defender la plena vigencia de los derechos humanos”.
En diálogo con este diario, el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, afirmó: “El Gobierno ataca permanentemente, lo hace mintiendo, difamando, estigmatizando en connivencia con las corporaciones mediáticas y también con la Justicia, intenta acallar la voz de aquellos que denunciamos las injusticias y estamos luchando, reclamando y construyendo la posibilidad de un país con justicia social y profundización democrática, lo cual es contrario a los intereses de las corporaciones. Por eso manipulan la Justicia y los medios para obtener un blindaje que les permita salir impunes de ese tipo de acciones”.
Baradel, quien rubricó el texto, se refirió así a los sucesivos episodios represivos y de criminalización de la protesta social que viene llevando adelante con mano dura el macrismo.
Otro de los firmantes fue Carlos Pisoni, de la agrupación Hijos, quien dijo a este diario que “desde hace tres años vivimos en Argentina una democracia de baja intensidad, que en provincias como Jujuy se ve agravado por la instauración de un estado policial”. A su criterio, “el gobierno de Cambiemos promueve la persecución del que piensa distinto. Los aprietes, las amenazas, el encarcelamiento y hasta el asesinato como sucedió con Rafael y Santiago son muestras del odio y resentimiento que promueven”. Para el dirigente de derechos humanos, “no es casualidad que esta persecución también esté apuntada hacia los trabajadores y trabajadoras sindicalizados, quienes son en las calles los que más se han enfrentado a este Gobierno. Los organismos de derechos humanos estamos elaborando una serie de acciones para llevar acabo en los organismos internacionales como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la Comisión de Derechos Humamos de ONU, las relatorías especiales”. Y concluyó que “lamentablemente volvemos a repetir el mismo accionar que nos dio fundación hace 40 años: denunciar y visibilizar internacionalmente lo que sucede ante el silencio mediático y judicial que vivimos en el país”.
Los firmantes de la solicitada pertenecen a agrupaciones sociales, sindicales, políticas, intelectuales, docentes y de investigación, que coincidieron en denunciar que “desde hace más de dos años venimos sufriendo situaciones que son inadmisibles porque nos remontan a los tiempos más oscuros de nuestro país: dirigentes oficialistas que presionan a jueces para que encarcelen opositores, amenazas de muerte a sindicalistas y a sus familias, intervenciones y auditorías constantes y arbitrarias sobre las organizaciones sindicales, aplicación de multas impagables, actos de provocación al finalizar las marchas y concentraciones masivas y pacíficas, entre otras”. Taty Almeida, Nora Cortiñas, Hugo Yasky, Daniel Catalano y Omar Plaini, entre los miles que se sumaron a la denuncia, sostuvieron que “el actual Gobierno preferiría un país sin sindicatos, ni organizaciones sociales ni de derechos humanos porque somos contrarios a los intereses que ellos representan”.
