“Somos inocentes de los cargos de los que se nos acusa”. “Nunca hemos sido funcionarios públicos en Venezuela ni hemos tenido relación alguna con el Gobierno de Chávez y/o Maduro”. Esas y otras frases escribieron en una carta pública los hermanos venezolanos Felipe y Víctor Puleo Artigas, dos de los cuatro ciudadanos extranjeros detenidos el miércoles en el contexto de la movilización contra la ley de presupuesto 2019, y a quienes el Gobierno anunció que pretende revocar la residencia y deportar, además de filtrar información a algunos medios afines donde los identificaba como agentes de inteligencia del gobierno de Maduro. Los Puleo Artigas viven cerca del Congreso y aseguran que  no participaron de la protesta. Uno de ellos, Felipe, de 31 años, escribió que quizá por “curiosidad me acerqué más de lo debido” a lugar de la manifestación. En la comisaría habían relatado a la vez que los atraparon cuando querían entrar a su vivienda una moto que utilizan para trabajar en repartos, según informaron testigos de ese relato. Como reveló PáginaI12, también el ciudadano turco que fue detenido dijo que estaba caminando por 9 de Julio sin saber que había una movilización, y sin conocer la ciudad, cuando fue sorprendido por disparos policiales por la espalda. Había venido a hacer un trámite a la embajada. A pesar de que el fiscal aún no formuló imputación alguna, porque recién está recopilando testimonios y filmaciones, el titular de Migraciones, Horacio García, dijo que buscará “un juicio abreviado como solución para expulsarlos”. En un juicio de ese tipo debe haber un imputado que diga ser culpable. No sería el caso. De todos modos, antes tiene que saber de qué se lo acusa, algo que aún no determinó el fiscal Federico Tropea.

Tropea debe analizar las circunstancias de las 26 detenciones y sobre las de los extranjeros el Gobierno le puso presión sin disimulo, con la consigna de que los quiere echar del país. La idea de un juicio abreviado para echarlos rápido primero fue lanzada por el ministro del Interior Rogelio Frigerio y luego por García. Pero pasaron por alto varias cuestiones: para un juicio abreviado, las personas tienen que estar acusadas de algo; para iniciar y trámite de expulsión debe haber un procesamiento confirmado, o una irregularidad migratoria. Nada de eso hay. Todos entraron legalmente al país y tienen documento. Fuentes cercanas a la fiscalía informaron qué se hizo hasta ahora: se recibieron y analizaron los sumarios policiales (son las actas que hace la policía donde describe cómo y por qué detiene a alguien, aunque lo habitual es que sean genéricas y no aporten pruebas), que hablan de atentado y resistencia a la autoridad; declararon algunos policías; la fiscalía ordenó medidas al entrevistas a comerciantes y búsqueda de testigos, informes técnicos sobre los daños, obtención de filmaciones (públicas y privadas) y su análisis. Sin ese material, no se puede saber si los detenidos  cometieron algún delito o acto de violencia. Recién la semana próxima, se les notifique a todos los imputados los hechos que se les adjudican cuando los citen a indagatoria. Al día de hoy, no se sabe qué es. No es un dato menor, porque según la ley e incluso el decreto de Mauricio Macri que agrava la situación de los migrantes (cuya validez está bajo análisis de la Corte Suprema) no se puede deportar a nadie sin un proceso previo y una acusación firme, confirmada en Cámara.

Los venezolanos optaron por tener defensa oficial –los representa la defensora Gabriela Marquiegui– porque, explicaron en su carta, no tienen “medios económicos”. “Soy un ciudadano que pide disculpa públicamente ante el gobierno de Argentina, la nación y mis hermanos venezolanos por haber estado en el sitio y momento equivocado e involucrarme junto a mi hermano, Víctor Eduardo Puleo Artigas, sin causar ningún tipo de daño”, escribió Felipe Puleo. “Somos personas de valores y principios, emprendedores y trabajadores que al igual que muchos venezolanos hemos venido a este país a construir un futuro personal y profesional”, agrega. También dijo que está casado y espera con su esposa una beba para dentro de un mes, mientras que su hermano tiene un hijo de 11 meses. Dice que estarán a disposición de la justicia para demostrar su “integridad” y “desmentir difamaciones e injurias”. Insiste en que carecen de vinculación con el gobierno venezolano y que se someterán a las “investigaciones y procedimientos pertinentes que comprueben nuestra inocencia”.  

El turco Anil Barán, contó también públicamente lo que había relatado a PáginaI12. Que había llegado a Buenos para hacer un trámite en la embajada. Debía buscar su partida de nacimiento para poder tramitar la ciudadanía. Viven en Argentina hace casi tres años, en Villa María, Córdoba, con su esposa (argentina) con quien se casó a fines  del año pasado. Paraba en la casa de un amigo en La Plata, tomó el tren y caminó desde Constitución. Por avenida 9 de julio se topó con la policía. Veinte o treinta policías de frente, describió. No sabía que había una protesta, y tomó la calle Humberto Primo algo asustado. Ahí le dispararon desde atrás, lo tiraron al piso y lo llevaron detenido, con seis personas más. El Gobierno lo describió, con información tomada sin filtro ni chequeo por varios medios, como un activista anti G-20 e intentaba estigmatizarlo por tener una foto en la casa Museo del Che Guevara en Alta Gracia. Lo defiende Correpi. Al paraguayo detenido, Luis Fretes, que tiene hijos argentinos y que también recurriría la defensa oficial, se lo describió como un anarquista. La experiencia de otras causas judiciales, ya ha demostrado que la mayor parte de las detenciones –siempre hay excepciones– son al voleo sobre personas ajenas a hechos violentos. Habrá que ver cuánto hay de pruebas y cuánto pesa sobre la fiscalía la presión grosera del Gobierno.