El Tribunal Supremo de Río Negro desestimó el pedido de inconstitucionalidad para la ley antinuclear votada por la legislatura provincial en septiembre de 2017. La pretensión fue planteada por el municipio de Sierra Grande, pero la corte convalidó la norma con los votos de Sergio Barotto, Liliana Piccinini y Ricardo Apcarian.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había firmado con China en 2014 un acuerdo para la construcción de dos centrales nucleares. La intención era instalarlas en la localidad bonaerense de Lima junto a Atucha I y II, pero luego de la asunción de Mauricio Macri como presidente, el entonces flamante subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, propuso sumar sólo uno en Lima y buscar otro sitio para la quinta central. Entonces, apareció la opción de Río Negro. El gobernador de esa provincia, Alberto Weretilneck, aceptó la propuesta, pero hubo un escaso trabajo de concientización y distintas organizaciones sociales rechazaron el plan. Luego de las elecciones primarias del 13 de agosto del año pasado, el gobernador dio marcha atrás. Así fue como Gadano llegó con la propuesta de instalar una central nuclear y se fue con una ley en contra de la actividad nuclear votada por la legislatura, situación que le valió numerosas críticas dentro y fuera del gobierno.
El máximo tribunal resaltó ahora que “el mero interés no es suficiente; el demandante de la inconstitucionalidad debe probar que ha sufrido o sufrirá en forma inmediata un daño o agravio directo, que debe ser real e inmediato, no meramente hipotético o conjetural”. Concluye que “a nuestro juicio no existe una afectación de derechos y/o intereses del Municipio –aquí accionante– ni de los ciudadanos de la localidad, lo cual vicia su legitimación para presentarse a juicio”.
