El 8 de agosto pasado, mientras en el Senado de la Nación se discutía el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) aprobado por la Cámara de Diputados, me encontraba entre lxs tantxs decenas de miles que nos manifestábamos en las calles cercanas al Congreso para apoyar la sanción. En una alianza cromática y política bella y poderosa, junto a la marea de pañuelos verdes también podían verse muchísimos pañuelos de color naranja que llevaban la inscripción “Campaña Nacional por un Estado Laico. Iglesia y Estado, asuntos separados”. Allí estaba también el puesto de Coalición Argentina por un Estado Laico (C.A.E.L.) y de Apostasía Colectiva, organizaciones que materializaban, junto a los pañuelos naranjas, la denuncia de la intromisión de la Iglesia Católica en los asuntos públicos de nuestro país, así como en nuestras vidas y en nuestras mentes y cuerpos. Esa Iglesia, que toda su historia privilegió el poder y el dominio de las personas sobre la igualdad, la libertad, la justicia, la evidencia y la razón (basta con recordar la inquisición, que se tomó 359 años en aceptar la teoría heliocéntrica, el trato histórico que dio a los pueblos originarios de América, a las mujeres y a las personas homosexuales y con identidades de género disidentes, o en nuestro país el apoyo a todos los golpes militares y la obstrucción de toda ley progresista -"es la pretensión destructiva al plan de Dios…una 'movida' del padre de la mentira", dijo (Jorge) Bergoglio sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario); con ese instrumental científico y ético oxidado ahora era clave en la falta de aprobación de la ley de IVE.

Esta incompleta síntesis de pecados imperdonables me basta para considerar que la Iglesia Católica de Roma es responsable de la ignorancia, la miseria y la muerte de muchos millones de personas a lo largo de la historia; tanto de las que niega (personas LGTBIQ, miembros de otras religiones, ateas) como de las que dice abrazar (los niños a su cuidado abusados, las mujeres). En el colmo del ultraje, por mandato de una serie de leyes de la última dictadura militar, incluso las personas repudiadas por ella deben sostener con sus impuestos los sueldos de los religiosos que las desprecian (y en el caso de las víctimas de abusos sexuales, los de los propios victimarios).

Junto a otras 3000 personas aproximadamente, este agosto firmé mi comunicación de apostasía, declarando que mi bautismo al mes de nacer fue una violación de mi autonomía y que por tanto es nulo, y que deseaba que se eliminara mi nombre del listado de fieles de esa religión. Esas comunicaciones fueron presentadas el 24 de agosto en la Conferencia Episcopal por C.A.E.L. ante numerosos testigos y periodistas. El 2 de octubre pasado debí reiterar mi petición con una segunda nota, dado que la Iglesia Católica no sólo no ha respondido ninguna de las apostasías entregadas a fin de agosto, sino que siquiera ha acusado recibo de ellas, violando la Ley Nacional 25.326 y las normas constitucionales que protegen la libertad de culto y la libertad a no pertenecer a religión alguna. De persistir dicha negativa, junto a mis compañerxs apóstatas deberemos iniciar acciones legales en reclamo de los derechos que esta Iglesia nuevamente nos niega.