Esta semana será la última en la que expongan las defensas de los procesados en el caso de las fotocopias de los cuadernos. El martes lo hará Carlos Alberto Beraldi, en representación de Cristina Fernández de Kirchner. La ex mandataria no se hará presente, dando por tierra la versión de que incluso iba a hablar en la audiencia. Su abogado reiterará que CFK nunca recibió dinero de ninguno de los arrepentidos, pondrá el acento en que la inmensa mayoría ni la menciona y en que no existen pruebas. Beraldi además se tomará el trabajo de enumerar las contradicciones entre los arrepentidos. 

Durante los alegatos se viene reiterando que las declaraciones de los imputados colaboradores deben ser consideradas nulas porque violan lo que dice la ley: debían quedar en un registro técnico –una grabación o videograbación– pero el fiscal y el juez argumentaron que no grabaron porque “con el papel alcanza”. Se ve que quieren esconder la negociación que hubo con los arrepentidos del tipo “decime tal cosa”, “agregame ésto otro”. En fuentes de Comodoro Py afirman que los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi recién definirán la situación en diciembre.

Cristina

Como se sabe, en la causa de las fotocopias están procesados ex funcionarios y empresarios, con CFK y Julio De Vido como jefes de una supuesta asociación ilícita. Todos los imputados apelaron y el martes le toca el turno de exponer a Beraldi ante la Cámara. Se había dicho que existía una posibilidad de que Cristina hablara directamente como lo hizo Roberto Baratta. El ex número 2 de Planificación expuso largamente ante los camaristas ya que está en el centro del expediente: todo se basa en lo que dicen que escribió su chofer Oscar Centeno. La ex mandataria, en cambio, no concurrirá porque considera que se trata de una defensa técnica y que le corresponde hacerla a su letrado. Beraldi pedirá que estén los periodistas –cosa que ocurrió en las audiencias hasta ahora– y se permita la filmación para que todo quede registrado.

Todo indica que el abogado responderá como lo viene haciendo:

  • No hay un sólo testigo ni arrepentido que diga que vió a CFK  recibir dinero.
  • El arrepentido estrella, el ex secretario de Obras Públicas José López, ni siquiera dijo que el dinero que tiró en el convento era de Cristina, como publicaron los grandes medios, sino que “creía” que el dinero se originaba en ella. Fue la quinta versión que dio sobre la plata del convento. 
  • Según trascendió, Beraldi va a enumerar las contradicciones de los arrepentidos, comparando sus propias declaraciones –cuando lo hicieron más de una vez– y comparado con lo que dijeron otros arrepentidos. 
  • Beraldi sostendrá que no hay ninguna evidencia contra CFK.

Prácticamente todos los abogados de los imputados vienen reclamando que les exhiban las grabaciones de las declaraciones de los arrepentidos. También Beraldi hizo el reclamo y finalmente le contestaron que no existen las grabaciones, “que como registro, basta el papel”. La llamada Ley del Arrepentido, en su artículo 6 dice que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. El término “medio técnico” alude con claridad a una grabación en audio o video, de lo contrario ni siquiera haría falta esa mención, porque siempre una declaración se registra, al final, en papel. 

Por supuesto que la polémica no es de detalle, sino que los letrados desconfían de la manera en que el fiscal Carlos Stornelli fue sacando y poniendo cosas en las declaraciones. Estas manipulaciones fueron denunciadas por numerosas abogados y periodistas, por lo que está claro que Stornelli evitó dejar una prueba como la que exige la ley “que garantice su evaluación posterior”. José López, por ejemplo, cambió su declaración, incluso dentro de este mismo expediente. 

Baratta

Leyendo con mucho detenimiento el alegato de Baratta hay argumentos que llaman la atención:

  • El ex funcionario afirma que nunca recibió dinero ilegal, ni para campañas electorales ni como coimas.
  • Sugiere que hubo un circuito en el que quienes cobraban coimas o dinero eran López y Clarens. Baratta dice que fueron ellos los que le habrían dado dinero a Juan Manuel Abal Medina, quien encabezaba la campaña electoral.
  • Afirmó que cuando Carlos Wagner confiesa que se repartían obra pública, todo se hacía bajo la órbita de López y que buena parte se canalizó a través del Banco Finansur. Baratta recordó que en el dinero que López tiró en el convento había un “ladrillo” termosellado de dólares que, rastreando hacia atrás, salió del Finansur.
  • Mencionó a gerentes y ejecutivos que decían en sus empresas que pagaban coimas y en realidad se quedaban con el dinero. Lo dice respecto de Techint e Isolux y hace referencia concreta a que después esos gerentes y ejecutivos entraron en el blanqueo.
  • Sostuvo que hay empresarios que declararon lo que les pedían, aunque fuera mentira, para no quedar presos. Resulta sospechoso que el fiscal nunca les preguntara a los empresarios de dónde fueron sacando el dinero para los pagos ilegales. También insiste en que se trató de grandes empresarios que hubieran denunciado cualquier extorsión. Baratta redondeó señalando que no tiene cuentas en el exterior ni bienes escondidos, con lo que afirmó tácitamente que no se enriqueció. Esa es la acusación principal. 

Más allá de los alegatos de la totalidad de los imputados, la situación más grave es la que viven los que están presos sin juicio, sin condena, sin el menor peligro de fuga ni de entorpecimiento de una causa que ya lleva muchos meses de instrucción. Está claro que en la mayoría de los casos, la detención se usó como un apriete para que el imputado se arrepintiera, a tal punto que se llegó al gravísimo axioma que “el que se arrepiente duerme en su casa, el que dice que no cometió ningún delito, va a la cárcel”. 

Para colmo Bruglia y Bertuzzi –ambos designados a dedo por la Casa Rosada– amenazan con extender el encarcelamiento, ya que resolverían la situación de los que están detenidos y los que están libres recién a mediados de diciembre. Y la resolución tendrá un contenido adicional: el juez procesó a CFK y pidió su detención, desafuero mediante, pero dejó todo para el caso que la Cámara lo confirme. O sea que Bruglia y Bertuzzi también van a resolver sobre la prisión preventiva de la ex mandataria y el pedido de desafuero. Todo indica que la alianza judicial-política-mediática quiere tener todo listo para el caso que CFK, producto de la crisis, se dispare en las encuestas. Como hicieron con Lula en Brasil.