La socióloga Silvia Guemureman investigó los proyectos de punibilidad juvenil presentados desde hace 20 años
“Bajar la edad paga en campaña, pero después pianta votos”
Guemureman, investigadora del Instituto Gino Germani, analiza el movimiento cíclico de campañas por la baja de la edad de responsabilidad penal. Sostiene que los medios instalan el miedo a los pibes “feos, sucios y malos” e invisibilizan los robos “de un CEO”.
Silvia Guemureman investiga la suerte de todos los proyectos parlamentarios por la baja de la edad de punibilidad presentados desde 1998.Silvia Guemureman investiga la suerte de todos los proyectos parlamentarios por la baja de la edad de punibilidad presentados desde 1998.Silvia Guemureman investiga la suerte de todos los proyectos parlamentarios por la baja de la edad de punibilidad presentados desde 1998.Silvia Guemureman investiga la suerte de todos los proyectos parlamentarios por la baja de la edad de punibilidad presentados desde 1998.Silvia Guemureman investiga la suerte de todos los proyectos parlamentarios por la baja de la edad de punibilidad presentados desde 1998.
Silvia Guemureman investiga la suerte de todos los proyectos parlamentarios por la baja de la edad de punibilidad presentados desde 1998. 
Imagen: Pablo Piovano

“A Brian lo estaban esperando para agitar el debate”, afirma Silvia Guemureman, socióloga, especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles. El debate para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años “paga en campaña y por eso se la reaviva permanentemente, aunque sea un arma de doble filo”, asegura la especialista. Guemureman se refiere a que, de un lado del filo, el hilo se corta siempre por lo más delgado: la libertad de los más jóvenes. Del otro lado del filo, aunque el sentido común supone lo contrario, agitar la baja pianta votos. En sus investigaciones Guemureman analiza este fenómeno de agite y retroceso. “En 2013, el tema lo agitó Insaurralde y, aunque del mismo FpV lo salieron a callar, muchos como Scioli habían hecho declaraciones públicas sobre la necesidad de bajar la edad”, explica la investigadora del Conicet en el Instituto Gino Germani.

En su tesis doctoral, Guemureman investigó los fundamentos de las iniciativas para reformar el Régimen Penal de la Minoridad. “Aun en contextos de políticas más inclusivas, fueron muchos los proyectos que se presentaron y que afortunadamente no prosperaron en su objetivo”, destaca. En el año 2002, Guemureman comenzó a analizar las iniciativas con el equipo que dirige en el Observatorio de Adolescencia y Juventud. Desde entonces, cada vez que las voces punitivas agitan el avispero legislativo, un patrón se repite: culpabilización de los jóvenes como chivos expiatorios, exacerbación moral y miedo social conforman el menú que sirven a la mesa medios de comunicación, dirigencia política y sociedad civil. “Brian condensa todos los males: menor no punible, inmigrante que, aunque nacido en la Argentina, se lo muestra como ‘peruano’, hijo de una familia irregular, madre con prisión domiciliaria. O sea, la condensación del mal”, concluye Guemureman y anticipa un escenario desalentador para el no a la baja y de avanzada hacia un Estado policial, penal, punitivo.   

–¿Por qué está en contra de bajar la edad para el régimen penal juvenil?

–Hay que aclarar que el término es punibilidad, y no imputabilidad, porque lo que se busca es que el Estado no castigue a cierto segmento de jóvenes como política pública, que el Estado no esté habilitado a disponer de su aparato punitivo, que exista un límite para el Estado. Nosotros creemos que existe una avanzada punitiva que no tiene que lograr su cometido porque tiene a los chicos, una vez más, en el lugar de las víctimas sacrificiales, los chivos expiatorios de una gran cantidad de problemas sociales.

–Quienes ven en la baja de punibilidad la solución al problema insisten en que aquellos que se oponen no tienen propuestas alternativas. ¿Cuál es su propuesta?

–Ese es el gran desafío que tenemos. Es necesario sensibilizar a la sociedad para que se entienda que la cantidad de chicos que comete delitos graves y que no son imputables no es representativa. Además, hay que desterrar la idea de que se trata de una cuestión de segmentos sociales, de que los chicos que cometen crímenes son los pobres. Se trata de ponerle un límite al Estado a partir del cual no puede castigar, y de entender que no es sólo una cuestión de seguridad en términos delictivos, sino de seguridad social, de una gran cantidad de seguridades que se perdieron.

–¿Por qué prendió en la sociedad más el discurso vinculado a lo delictivo que aquel vinculado al acceso a la salud, educación, servicios públicos?

–Ese ha sido un gran triunfo en términos de lo simbólico mediático. La seguridad asociada al miedo a que te asalte un joven feo, sucio y malo, y no que te asalte un empresario, el CEO de una gran compañía, o de que te roben con políticas regresivas en la redistribución del ingreso. Esa inseguridad social está invisibilizada y mediatizada porque no implica el ejercicio de la violencia física directa. Hay un contexto de inseguridad social que tiene que ver con la  precarización laboral, el ajuste del gasto público, el achicamiento a pedido del FMI.

–¿Por qué cada algunos años vuelve a resonar la discusión sobre la baja?

–Desde el Observatorio vemos que se trata de un tema que es cíclico. Se propone y después se caen los consensos para llevarlo adelante. Ya en 1998 se había dado un debate muy fuerte entre Alberto Pierri y Aníbal Ibarra. Pierri fue uno de los primeros en plantear la baja de imputabilidad en el ámbito legislativo porque se trataba de modificar el Régimen Penal de la Minoridad, que es el que aun rige, la ley 22.278, solo en los artículos que tuvieran que ver con la edad. Ese proyecto se propuso nuevamente en el año 2000, y cada vez que perdía estado parlamentario, un senador de su bloque lo volvía a proponer. Nosotros encontramos que hay una historia que se repite en forma cíclica: un episodio violento en el que una persona menor de edad es autora o supuesta autora y se agita la baja de edad de punibilidad. En 2004 se vio muy claramente también con la batería de propuestas de Juan Carlos Blumberg, cuando justamente lo que no prosperó  fue la baja porque no obtuvo plafón.

“Es muy llamativo –subraya la socióloga– porque entonces se hicieron aberraciones jurídicas dentro del Código Penal. Así y todo, el proyecto de la baja de punibilidad no prosperó. El Régimen Penal de la Minoridad es una pesada herencia de la dictadura. Entonces, la edad de punibilidad era a los 14 años. En 1979, se empezó a pensar un régimen penal que fuera un poquito más benévolo, y recién en 1983 se pasó a los 16 años. Además este régimen disponía que si el juez consideraba que un menor de 16 estaba en situación de riesgo moral, podía disponer hasta su mayoría de edad, que entonces era a los 21 años.

Guemureman recuerda que se había llegado a un consenso para modificar aquel régimen, pero el consenso se rompió, y en 2007, cuando una gran cantidad de proyectos habían confluido en un dictamen de mayoría que podía determinar la baja de edad a los 14 años, la ley no salió. “Era un contexto electoral y no quedaba bien decir que se iba a bajar la edad. En 2009, se obtuvo media sanción. Luego en Diputados se dio una discusión muy fuerte y no se aprobó, hasta que en 2012 el proyecto perdió estado parlamentario.”

–¿Por qué sucede eso?

–En aquel momento, a los proyectos que sólo pedían bajar la edad se sumaron los proyectos que buscaban sancionar un régimen de responsabilización penal juvenil, sosteniendo que la edad era una variable más y que lo más importante era el tema de las garantías. Es decir, no importa si es imputable a los 14 años si no que tenga garantías. Esa fue la posición de gran parte del progresismo que, en realidad, sostenía un discurso liberal en términos de derecho. Un argumento que fue apoyado también por Unicef con recursos y talleres a favor de estos regímenes de responsabilidad penal juvenil.

¿Qué resultados observaron en los países de Latinoamérica que modificaron los regímenes?  

–Las consecuencias fueron que hay muchos más chicos institucionalizados en contextos de encierro punitivo porque, al hacerlos punibles, el Estado puede intervenir, los puede capturar y tomar las medidas que crea necesarias. Chile bajó la edad y hoy tiene una tasa altísima de personas menores de edad institucionalizadas. Así sucedió también en Costa Rica y otros países de la región. No así en Brasil donde, según el Estatuto Da Criança e do Adolescente (ECA), las personas son no punibles hasta los 18 años. Este estatuto tiene jerarquía constitucional.

–¿Se reducen los índices delictivos al bajar la edad de punibilidad?

–Nosotros creemos que no porque la decisión en términos de política criminal sigue siendo la misma. Cuando tenemos una sociedad con una desigualdad enorme, con esquemas desiguales de distribución del ingreso, problemas estructurales de violencia, con su potencia cercenada justamente por ausencia de políticas públicas que instrumenten acciones positivas para que se efectivicen derechos; la política criminal no puede ser bajar la edad de punibilidad porque lo que se habilita es que el Estado ingrese desde su fase punitiva antes a la vida de esas personas. Decimos no a la baja como una decisión de política criminal porque las políticas duras nunca dan los resultados que se proponen, porque han demostrado ser ineficientes, porque tampoco son eficaces realizando los principios de prevención, y porque ninguna ley resuelve los problemas que son de índole social. El aparato punitivo se ha mostrado ineficaz, la cárcel no cura, no resocializa, no reeduca, no rehabilita. La política debiera ser sustraer lo más posible de su ingreso a un sistema penal a un segmento de la sociedad que ya es vulnerable; tenerlo lo más cerca posible de un sistema de protección y promoción de derechos, y lo más lejos del sistema penal.

–¿Cómo funciona el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes?

–Faltan acciones positivas del Estado, programas con alcance territorial que impliquen cobertura a un gran colectivo de personas y que se desarrollen siguiendo un enfoque de derechos; concibiendo al destinatario de ese programa como un ciudadano y no como un asistido. Es necesario abordar la multidimensionalidad de los problemas desde distintas áreas; por el contrario, observamos una ofensiva contra distintos sectores de la sociedad como los jóvenes, los migrantes. Se empezaron a achicar los recursos de promoción social y a trasvestirse hacia la asistencia de quien el Estado supone que “se lo merece”. Se comenzó a cercenar derechos y a desmantelar un modelo de políticas universales. La Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, se empieza a considerar como un asistido y no como un titular de derechos. Lo mismo sucede con una tarifa social para el que hay que presentar certificado de pobreza o con las bonificaciones del PAMI. Es decir, empieza a verse una segmentación en la que unos van a ser más merecedores que otros.

–¿El desmantelamiento se vincula con el punitivismo?

–Se van desmantelando programas de educación, capacitaciones, programas de salud, de acceso a la justicia, salud mental; y en ese contexto de exclusión creciente, la única alternativa es el aumento de los canales de punición. Al mismo tiempo, se empieza a generar en el imaginario de las personas una métrica moral respecto de la gente que la circunda, si son buenos, si merecen ayuda, si se esfuerzan, si son vagos. Y en paralelo, los medios reproducen el discurso sobre el mérito y el esfuerzo individual; es decir, el individuo que puede contra todas las desventajas. Así se despoja de todo lo que implica contar con un dispositivo social que coadyuva a que se desarrollen las capacidades y potencias, y se disminuya la violencia.

–¿Prende más esa lógica que la de inclusión y ampliación de derechos?

–Se empieza a observar con preocupación una generación de excedencia social, los que sobran, los que están de más, los parias urbanos; por un lado, una multiplicación de gente que sobra, y por el otro, una política de Estado orientada a administrar la exclusión y que instala un discurso privatizador del salvese quien pueda. No es casualidad que fuera en la década de los años noventa que la gente migró masivamente a la educación privada, a la prepaga, la seguridad privada. Luego, la sociedad se olvidó que pudo comprar todo eso porque fue agente de intercambio: si estás despojado, no sos un agente de intercambio del mercado porque estás afuera y no podés comprar nada. Entonces, si el Estado no provee salud, educación, seguridad en sentido amplio, estás absolutamente despojado.

–¿Qué lugar tiene la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes en el país en este contexto?

–Habíamos logrado avanzar bastante. Sucede que en muchas cosas, como decía Eligio Resta, el discurso de los derechos se convirtió en retórica de los derechos: el derecho a la salud se transformó en tener derecho al derecho a la salud, y para que se haga efectivo, hay que judicializarlo. Ha costado mucho revertir situaciones de exclusión, por eso, la preocupación es alta cuando se observa el desmantelamiento de pequeños avances. No estaba todo bien, pero habíamos empezado a revertir los procesos de marginación social. Las contingencias y coyunturas no ayudan, y los chicos quedan encerrados en peleas que no les corresponden. Los chicos debieran ser una prioridad sin importar el signo partidario del gobierno; debería haber un consenso social porque todos los chicos son vulnerables por edad y necesitan que se protejan las condiciones para desarrollar su potencial. En Argentina, no existe una convicción fuerte de que los chicos deben ser prioridad y de que hay espacios, como la educación pública, que deben defenderse ocupándolos con el cuerpo.

–¿Cómo interpreta la repercusión del caso Brian, en el barrio de Flores?

–Fue un detonante, pero podría haber sido otro. En 2009, fueron el caso Cáceres y el caso Capristo, y en 2008, el caso del ingeniero Barrenechea. Desde el Observatorio, se analizó el tratamiento mediático de los casos y se determinó que estos casos sirvieron en la medida en que alimentaron el pánico moral y exacerbaron la sensibilidad punitiva. El caso de Cáceres es muy notable porque cuando el jugador de fútbol que había sido baleado aparece en una silla de ruedas con un cartel diciendo “no al encierro de los jóvenes”, los medios no lo entrevistaron nunca más. Sucedió que Cáceres no habló con el odio de haber sido víctima, sino que habló desde su origen de clase y dejó de ser funcional a los medios. En el contexto de un gobierno neoliberal o neoconservador, era previsible que se reavivara la discusión por la baja en la edad de punibilidad, ante cualquier hecho que involucrara una persona menor de 16 años. A Brian lo estaban esperando.

–¿Qué representación de los jóvenes predomina en los medios?

–Está segmentada. De los chicos que murieron en la Time Warp no se habló más. No sabemos qué pudo haber pasado. Para ir a esa fiesta, los pibes necesitaban disponer de una gran cantidad de dinero, y de eso no se habló más. Esos pibes salen en las páginas de Sociedad de los diarios; los otros salen en las Policiales. En paralelo, circula un estereotipo muy fuerte del ‘pobre bueno que merece ayuda’ y del pobre despreciable que ‘está ahí porque quiere y elige’, al tiempo que se reproducen lógicas voluntaristas.