Este año el debate sobre la edad de imputabilidad se abrió tras la muerte de Brian Aguinaco, el chico de 14 años baleado durante un robo en el barrio de Flores, el 24 de diciembre pasado. En vísperas de fin de año, el crimen de Brian desató una escalada de reacciones cuando los vecinos del barrio enfurecidos tomaron la comisaría 38 para reclamar por mayor presencia policial en las calles.
Fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien para arrancar el año nuevo instaló el viejo debate sobre el régimen penal juvenil. “Hoy la posición del Gobierno es que hay una situación en esa franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político”, anticipó el titular de la cartera de Justicia, sin dar precisiones sobre el proyecto que se impulsa desde la Rosada.
Para alejar toda sospecha sobre pretensiones electoralistas, Garavano dejó claro que el tratamiento parlamentario sería en 2018, tras las elecciones legislativas de este año. Mientras el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Martín Casares, ratificó esas intenciones: “Lo que queremos evitar es que el debate de la aprobación de la ley y el tratamiento en particular se haga en una época electoral porque sino es muy contradictorio”. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en cambio, celebraron el anuncio del Poder Ejecutivo y convocaron a debatir cuanto antes. Sometidos a la decisión arbitraria de un juez, estos chicos “no se hacen responsables de los delitos que cometen”, aseguró Vidal.
Las voces contra la baja se alzaron desde organizaciones como Unicef y el Fondo de las Naciones Unidas, referentes sociales, instituciones académicas, militantes de DD.HH y especialistas en infancias y juventudes, y la propia Iglesia argentina a través de la Conferencia Episcopal. Muchos, si bien aceptaron la necesidad de rediscutir el régimen penal de menores, consideraron que al bajar la edad de imputabilidad a 14 años se daría “un paso atrás” en lo que refiere a protección de los derechos de niñas, niños y jóvenes. “No se sabe cuál es el proyecto que tiene el gobierno”, dijo Julián Axat, integrante de la Procuración General de la Nación y ex defensor juvenil platense, a este diario. “Lanzan la idea solamente de baja de la edad, dicen que se va a discutir el año próximo para no darle fines electoralistas, pero instalan el debate como campaña”, agregó.
En tanto, desde la Rosada, aceleraron la necesidad y urgencia del debate por la baja. “Se acordó trabajar intensamente durante febrero, tratar de construir consensos y llevar el proyecto al Congreso lo antes posible”, revisó Garavano, una semana después de su primer anuncio y tras el primer encuentro con representantes de ONG, legisladores de la oposición y funcionarios del gobierno nacional. El presidente Mauricio Macri fue el último en pronunciarse. Tras su regreso de vacaciones, enfatizó sobre la necesidad de impulsar un debate “constructivo” sobre el régimen penal juvenil, y el pasado viernes, recibió en Olivos a los padres de Brian Aguinaco.
No es nueva la estrategia de encender el debate sobre la baja en años electorales. Durante los últimos veinte años, con cada elección, la Cámara de Diputados intentó avanzar hacia un nuevo régimen que baje de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. Sin embargo, las maniobras políticas llegaron hasta la puerta del Congreso, los consensos se rompieron y el debate electoral se concentró en un viejo y repetido cuento.
