El oficialismo en la Legislatura porteña logró, a pesar de las múltiples protestas, emitir dictamen del proyecto que prevé la creación de la Unicaba, la universidad que ideó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y que termina con los 29 institutos de formación docente que tiene la ciudad de Buenos Aires. La intención del macrismo es debatir y sancionar la iniciativa el próximo 22 de noviembre.

Como ya parece de práctica, el viernes la Legislatura amaneció vestida para la guerra, con vallados y fuerzas de seguridad. El temible oponente al oficialismo fueron alumnos, docentes y el Consejo de Rectores de los Institutos de Formación Docente. El trámite parlamentario que representa el dictamen de mayoría se consiguió con la firma de siete legisladores oficialistas de la Comisión de Educación y 11 de la Comisión de Presupuesto. El macrista Maximiliano Ferraro, titular de la Comisión de Educación, y sus compañeros debieron retirarse del recinto ante los abucheos de la comunidad educativa. El dictamen avanza en la creación de una universidad local –Unicaba– y alumnos y docentes de los profesorados la señalan como un paso decisivo para la destrucción de la formación docente y los institutos que la sostienen desde hace más de un siglo.

Tanto Lorena Pokoik (Unidad Ciudadana) como Gabriel Solano (Fit-PO) y el socialista Roy Cortina pidieron sin éxito el archivo del proyecto. Hasta los radicales de Martín Lousteau rechazan la Unicaba por “su pobre nivel técnico” y piden archivarlo.

Durante una conferencia de prensa, autoridades de los institutos, dirigentes sindicales, legisladores y alumnos manifestaron su indignación y el propósito de defender estas instituciones del embate del gobierno porteño. “El oficialismo va solo. Son eficaces para construir una Villa Olímpica pero no un Polo Educativo”, sostuvo Pokoik, de Unidad Ciudadana y agregó: “Ustedes están logrando la unidad que antes no estaba. La Unicaba va a ser fundada con este piso de conciencia. Vamos a seguir defendiendo a la educación como un derecho social”. A su turno, Solano rechazó al asegurar que la Legislatura “no creará una Universidad sino eliminará los 29 institutos de formación docente. Este objetivo quedó claro en el proyecto original presentado por el oficialismo y que sólo fue maquillado para tratar de ocultar está política ajustadora. No habrá coexistencia sino una muerte de los Institutos por medio de la reducción presupuestaria y la eliminación de carreras e instituciones”.

El dictamen positivo del oficialismo soslaya que, en el día de ayer, en plena etapa de definiciones, la  Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó al gobierno porteño que, en un plazo de 10 días, cumpla con su deber de informar a la comunidad educativa sobre la creación de la Universidad de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires. El amparo había sido iniciado por rectoras y rectores del Cesge, patrocinados por el Defensor Oficial, Ramiro Dos Santos Freire. En su planteo, solicitaron que el Ministerio de Educación informe si se prevé disolver los institutos existentes y, de ser así, en qué plazo, y qué tratamiento se dará a los estudiantes que no hubieren finalizado su estudio en los institutos. También reclamaron precisiones sobre la transferencia del personal a Unicaba porque no está claro si incluye al personal interino o si está previsto algún régimen de retiro voluntario o pase a disponibilidad. Según informó el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, los jueces Mariana Díaz, Fabiana Schafrik de Núñez y Carlos Balbín consideraron que las respuestas brindadas por el Ministerio de Educación eran una réplica parcial e insuficiente, ya que omitía detallar los antecedentes académicos y profesionales de quienes elaboraron el proyecto, la estimación presupuestaria, si habrá financiación de organismos internacionales, la cantidad de establecimientos que se transferirán, el cronograma y qué inmuebles se utilizarán. Tampoco hubo respuesta clara sobre el futuro del personal interino del nivel terciario.

Informe: Diario Z.