Los monos y sus parejas

El fiscal federal Federico Reynares Solari pidió ayer penas de 18 años de prisión para Ariel “Guille” Cantero y Emanuel Chamorro; y 12, para sus parejas, en la causa Los Patrones, donde se juzga a integrantes de Los Monos por narcotráfico. Para el fiscal, Cantero -a quien llamó líder insustituible- tenía “una oficina” en la cárcel de Piñero, desde donde impartía órdenes a su pareja, Vanesa Barrios, mientras estaba preso en el marco de la investigación provincial por asociación ilícita. Lo mismo sucedía con la esposa de Chamorro, Jésica Lloan. Reynares indicó que ambos -condenados a 22 y 10 años por asociación ilícita y homicidio en la justicia provincial- eran los líderes del negocio y ellas las “gerentas generales” y “organizadoras”, quienes “bajaban las órdenes” al resto de la organización. De allí, se desprenden los proveedores, vendedores y gente que está en la logística. Patricia Celestina Contreras, la Cele, madre de Cantero, también fue acusada de tener un rol preponderante como miembro la organización, a quien llamaban “la Señora”, y se pidieron 10 años de cárcel para ella.

El fiscal ratificó la mayoría de las acusaciones contra una treintena de acusados en la causa que calificaron como clave para entender el proceso de la narcocriminalidad en Rosario. En ese sentido, habló de un “profuso material probatorio”, por lo que en su alocución de más de nueve horas hizo un “recorte representativo” de los hechos.

Sobre el final del alegato, pidió las penas para los cuatro cabecillas de la organización. Además, solicitó al Tribunal que se condene a 14 años a Elías Sánchez; 12, para Diego Cuello; 9 años, para Alejandro Flores; 9 y medio, para Horacio Castagno; 10, para Adrián Monserrat; y otras condenas para el resto de los 39 imputados, que van de 7 y medio a 3 años de prisión. También, pidió que sean absueltos Juan Carlos Sánchez, Analía Menéndez, Cristian Bustos, Miguel Angel Menéndez y Luis Peñalba (padre).

Para Reynares, “eran una organización que vendía droga desde la cárcel”. Aseguró que el negocio venía de antes y que “cuando perdieron la libertad hubo que diseñar una estrategia de continuidad”. “Consideramos que había que hacerse obedecer y vender en territorio. Un rol que parecía indelegable. No podía estar a cargo cualquiera sino de aquellas que los terceros podrían considerar una extensión de los líderes. Ellas (las parejas) eran la polea de transmisión de decisiones de Chamorro y Cantero. Eran organizadoras”, dijo.

El fiscal agregó que “se investigó una organización que tiene un núcleo duro muy claro y marcado. La característica es el dominio en la zona sureste de la ciudad, con una sucesión de etapas y eslabones, actividades a cielo abierto, en plena vía pública y con puntos de venta numerados. Las bocas de expendio de estupefacientes minoristas tenían encargadas específicas, que no estaban en esos puntos de venta, eran dos gerentas”, dijo. Mientras el fiscal hablaba, los imputados estuvieron repartidos entre la pantalla que comunica con Ezeiza -donde están los principales acusados- y las mujeres sentadas en la sala.

El fiscal también mencionó el “estado de violencia latente y real” que rondaba el negocio. Y profundizó: “Guille lideraba desde Piñero, donde tenía su oficina de dirección de la organización”, aseguró.