POLITICA
Nada por aquí
Es difícil saber cuál es el papel que cumple el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), porque sus políticas o bien no son comunicadas o son directamente inexistentes. Pero sí se puede advertir el presupuesto que se le asigna para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, contra lesbianas y trans: apenas el costo de un viaje en colectivo por cada ciudadana de este país en donde año a año las cifras de femicidios y travesticidios son alarmantes, en este país donde la crisis social también se traduce en más violencia machista dentro de los hogares.

Un viaje de quince cuadras, en colectivo, en la Ciudad de Buenos Aires tiene un valor de $13, mayor a la inversión del gobierno nacional por cada ciudadana para prevenir y erradicar la violencia de género. En la Argentina hay un femicidio cada 32 horas, según el Observatorio Adriana Marisel Zambrano, que contabilizó los asesinatos de mujeres por ser mujeres, desde el 1º de enero al 31 de octubre de 2018. Además hubo 225 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas y 29 femicidios vinculados de hombres y niños. El gatillo machista contra las mujeres dejó sin mamá a 250 hijos e hijas y más del 67 por ciento (169) de lxs huérfanxs son menores de edad. En total, este monitoreo registró 225 femicidios. Mientras que el Observatorio “Ahora que sí nos ven” contabilizó, del 1º de enero al 15 de noviembre, 260 femicidios y 17 travesticidios y su reloj es todavía más duro: hay una mujer muerta cada 29 horas en Argentina por la forma más extrema del machismo. Y el 23 por ciento son jóvenes de entre 15 y 25 años de edad. Raquel Vivanco, Presidenta del Observatorio “Ahora que sí nos ven”, contextualiza: “A tres años del gobierno de (Mauricio) Macri hemos realizado el relevamiento de la cantidad de mujeres asesinadas durante el gobierno de Cambiemos y da un total de 895 femicidios”. 

La violencia no se frena sola, sin fondos. Se necesitan campañas, atención telefónica y personalizada, acceso a la justicia, refugios, subsidios, viviendas, asignaciones laborales, contención psicológica, protección a las víctimas que denuncian, capacitación laboral, educación sexual integral, deconstrucción de masculinidades, desmantelamiento de armas en manos de agresores, capacitaciones judiciales y a fuerzas de seguridad, botones antipánico, tobilleras para agresores, monitoreo de los procesos de violencia, entre muchas otras medidas, para que la violencia no se inicie y poder parar el riesgo de muerte. 

Sin embargo, los fondos no son suficientes. La diputada Victoria Donda (SOMOS) critica: “El Poder Ejecutivo envió un presupuesto que el Congreso aprobó donde se destinaba por año $11,50 por mujer. Estamos hablando del valor de dos caramelos para erradicar la violencia machista que se cobra la vida de una mujer por día en Argentina. El gobierno decidió recortar en un 38 por ciento el presupuesto destinado al Plan Nacional de Acción para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La importancia que le da el gobierno a la violencia contra las mujeres habla a través del presupuesto”

Por su parte, la diputada Lucila De Ponti (Movimiento Evita) apunta: “El año en que el feminismo copó las calles y se consolidó como un sujeto político ineludible el gobierno elige recortar el presupuesto para las políticas de género. Para cambiar la realidad hay que jerarquizar las políticas, y esto implica invertir recursos: para que cobremos el mismo salario por el mismo trabajo, para que no tengamos mayores niveles de desempleo, para que sea realidad la Educación Sexual Integral (ESI), para que se respeten nuestros derechos en el ámbito de la salud y, sobre todo, para que las mujeres tengamos una vida sin miedo y sin violencias es necesario que el gobierno multiplique los recursos destinados a financiar esas políticas”.

La Casa del Encuentro, en el informe presentado el 21 de noviembre, reclama: asignación de presupuesto necesario para llevar a cabo las políticas de género en todas las dependencias del Estado tanto a nivel nacional, provincial y municipal, visibilizando los montos asignados; estadísticas oficiales unificadas y completas sobre violencia sexista; capacitaciones obligatorias a jueces/fiscales/ abogadxs y fuerza de seguridad; inclusión de la perspectiva de género en los concursos a cargos en el Poder Judicial, Ministerio Publico y Ministerio de Defensa; efectiva implementación de la “Ley de Reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de Femicidio”; efectiva implementación de la “Ley de Paridad de género en ámbitos de representación política”; una ley Nacional para que las personas denunciadas por violencia no accedan o no ejerzan cargos públicos en el Estado; creación de fueros especializados en violencia de género en el ámbito de la justicia con la consiguiente creación de juzgados específicos en todas las jurisdicciones del país y sistema de turnos las 24 horas; protección integral y efectiva desde una perspectiva de género para la mujer víctima de violencia, tanto en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) como en las Comisarías de la Mujer; inmediata implementación del “Cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de Género”; asignación de un subsidio económico equivalente a una jubilación mínima por tres años a las mujeres en situación de violencia; inclusión de la “Licencia por violencia de género” en la Ley de Contrato de trabajo y Convenios Colectivos de Trabajo y efectiva implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, en todos los niveles de educación a nivel nacional con la debida incorporación de la temática de violencia sexista.

La gravedad de la desinversión en género es tal que en lo que va del 2018 el Instituto Nacional contra las Mujeres solo ejecutó la mitad de lo presupuestado (54,8 por ciento). Y que el presupuesto asignado para el 2019 significaba, en concreto, un recorte del 18 por ciento teniendo en cuenta la inflación y del 60 por ciento para el Plan de Acción Contra la Violencia (un plan que está destinado mayoritariamente a la construcción de refugios pero que debía ser un escudo integral contra la violencia machista), según el análisis del Bloque Peronismo para la Victoria. Finalmente, después de cambios en la Cámara de Diputados (y del trabajo de presión de legisladoras feministas), el recorte del dinero destinado al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), que había sido designado por el Poder Ejecutivo, quedó en una baja del 7 por ciento. De todos modos, la reducción de la reducción presupuestaria queda en rojo y si pudo frenarse una tajada del recorte fue por la pelea de diputadas con conciencia de género y no por voluntad del Poder Ejecutivo. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomendó, en la sesión del 12 de octubre del 2018, a Argentina que examine las medidas adoptadas en respuesta a la crisis financiera que siguen vigentes a fin de disfrutar los derechos económicos, sociales y culturales. El organismo internacional mostró la preocupación de las medidas de austeridad frente a grupos vulnerables y escribió en un documento oficial “Al Comité le preocupa que en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el gobierno prevé un objetivo de déficit cero para 2019 agudizando el recorte del gasto social”. 

“El presupuesto asignado es la medida del interés real del Estado en la política pública. Por eso aprendimos a monitorear los presupuestos asignados y su ejecución. Para eso la transparencia informativa del Estado es fundamental para que la herramienta del monitoreo presupuestario sea efectiva y la podemos llevar adelante”, apunta Natalia Gherardi, Coordinadora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). La economista y docente Candelaria Botto, integrante de Economía Feminista subraya un aspecto positivo en un contexto de retroceso: “Este presupuesto empieza a etiquetar los datos destinados a género y ahora sabemos que hay un 0,13 por ciento del presupuesto total destinado a género”. Aunque advierte: “Sin embargo, con recortes en términos reales no solo en los programas de género sino también en educación y salud nos impacta doblemente. En cada guardia desbordada o jardín sin vacantes será una mujer la que se ocupe de ese cuidado”. 

Por su parte, la diputada Cecilia Moreau (Frente Renovador) enfatiza: “Estamos atravesando momentos angustiantes en nuestro país. La situación económica cada día se torna más excluyente. Y claramente los sectores más vulnerables son los más afectados. Las mujeres y los jóvenes nos ubicamos entre esos sectores. Hay un 36 por ciento de precarización laboral de la mujer; un 28 por ciento de brecha salarial; siete de cada diez personas de menores ingresos son mujeres; una de cada cinco mujeres menores de 29 años se encuentra desempleada; la desocupación es mayor entre nosotras (11 por ciento). El presupuesto del 2019 tiene grandes falencias, sin dudas. En términos reales no hay partidas que aseguren un impacto positivo en el cierre de brechas de género. La inflación contenida en el presupuesto es mentirosa e irrisoria (se prevé un 38,4 por ciento y hoy estamos alcanzando ya los 50 puntos). Sin dudas, nos encontramos ante el doble discurso oficialista. Por un lado pregona la igualdad de género, pero sus propuestas son insuficientes y retrógradas”. Moreau apunta al macrismo: “En la igualdad chocan la calesita. Es muy difícil que apelando a la bicicleta financiera se pueda ir por buen camino. Hay que incentivar la inversión productiva local en lugar de seguir mandatos del FMI”. 

Botto señala: “El presupuesto marca un ajuste en todas sus partidas, menos en lo destinado al servicio de deuda y en la búsqueda compulsiva del equilibrio fiscal. Planifican una caída en la economía del 0,5 por ciento pero que el FMI estima tres veces mayor. Es un contexto recesivo para el conjunto del pueblo trabajador donde las mujeres somos las que tenemos mayores niveles de desempleo, informalidad y menores ingresos”.

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