Los ex presidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva –en prisión desde abril pasado– y Dilma Rousseff, fueron acusados de conformar una asociación ilícita durante los gobiernos de ambos ex mandatarios. “La acción iniciada hoy (23/11), contra los ex presidentes Lula y Dilma, además de ex dirigentes del PT, no se sostiene en hechos ni pruebas. Sino que es el resultado de un delirio acusatorio del ex fiscal general Rodrigo Janot, sin ninguna base en la ley,” denunció el PT al enterarse de la acusación.
El juez de Brasilia, Vallisney Oliveira, aceptó la denuncia formulada por la Fiscalía contra los exmandatarios en un proceso que afecta a antiguos dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT). El caso está relacionado con la megacausa Lava Jato. El magistrado de primera instancia también aceptó los mismos cargos contra los exministros Antonio Palocci y Guido Mantega y el extesorero del PT Joao Vaccari Neto.
De acuerdo con la acusación, que afirma tener pruebas documentales, los investigados integraban, hasta el año de 2016, una organización criminal mediante la que habrían cometido diversos delitos contra la administración pública. Entre ellos subrayan corrupción y lavado de dinero. La denuncia presupone que los dirigentes del partido recibieron en la época 1.480 millones de reales (cerca de 387 millones de dólares) producto de supuestos sobornos.
Esta no es la primera acusación que recibe el ex mandatario, quien el pasado siete de abril fue condenado a 12 años y un mes de prisión por el juez de segunda instancia, Sérgio Moro. Una causa en la que el líder del PT alega la inexistencia de documentación probatoria y que denuncia que es un claro hecho de persecución política. Así lo asumen también varios organismos de derechos humanos a nivel internacional. “Sectores partidarios del Ministerio Público y del sistema judicial, persiguen hace años al PT y trabajan cotidianamente para excluirlo de la vida política brasileña, valiéndose de mentiras y del abuso de poder”, agrega el comunicado petista. Cometen, en colusión organizada y jerarquizada, un crimen contra la democracia, contra el derecho de libre organización política.
