Paola tiene 37 años, es sobreviviente de violencia machista. Está presa, lejos de sus cinco hijos, desde el 6 de noviembre en la Brigada Femenina de Tucumán. Y su agresor, libre. Aunque su pareja durante 16 años, Jorge Gabriel Sosa, fue quien violó una orden de restricción, dictada el 11 de enero, “sin límite de tiempo”, para acercarse a Paola y a los hijos de ambos, y la hostigó, una vez más. El episodio ocurrió el Día de la Madre, cuando Sosa se metió en la casa donde vive Paola y en un forcejeo con un cuchillo, resultó herido. Ella lo llevó al hospital, lo curaron, le dieron el alta. Y después la denunció por “lesiones”. La Fiscalía Especializada en Violencia de Género que intervino, demostró no ser muy especializada: no tuvo en cuenta la situación de violencia doméstica preexistente, que consta en actuaciones de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Tucumán —donde ella lo denunció en enero y dio cuenta de años de golpes— y del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones, que escuchó a dos de las hijas del matrimonio dando detalles de la violencia física que su padre ejercía sobre ellas y Paola. El caso refleja la falta de capacitación de operadores judiciales y sus consecuencias sobre la vida de víctimas de violencia de género, a tres años y medio de la primera marcha de Ni Una Menos, en una fecha significativa: la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Privada de su libertad, el viernes Paola no pudo ir a la fiesta de egresadas de una de sus hijas.
“Él es una persona muy posesiva. Me perseguía en mi trabajo. En principio, yo trabajaba en la Casa de Gobierno y otras oficinas y vendía comida, sandwiches y ensaladas. El iba a mi trabajo y se aparecía en cualquier piso. No me dejaba entrar los platos, me hacía preguntas y me quería seguir. Le decía que me deje de molestar porque me desconcentraba. Yo tenía que entregar los platos y levantar los pedidos para el día siguiente. Salía de vender, llegaba a mi cada estresada, siempre controlada por él. ‘Mirá la hora que es’, me gritaba. Yo tenía que explicar todo, todo, todo el tiempo. Cuando ya se generaba esa discusión, al mediodía, yo me sentía nerviosa, mal. Tenía que llevar la casa, llevar a Tomás, nuestro hijo menor, al colegio. Me pegaba. Yo iba a vender y él me metía la mano en el bolsillo y me sacaba la plata. Y a veces yo no tenía para mandar a los chicos a la escuela. Yo ya venía aturdida de la mañana y él se drogaba desde temprano, primero marihuana, después cocaína y se ponía paranoico. Veía a los chicos con teléfono, se los quitaba o les pegaba cachetadas. Y ahí empezaban los episodios. Yo saltaba a defender a mis hijos y terminaba en la pelea con él. Después nos íbamos a dormir y él seguía drogado. Nos levantaba los colchones, las destapaba a las chicas, les levantaba la ropa y ellas me decían: ‘El papá nos está molestando’. Le decía que lo iba a denunciar. Mi hija escondía los cuchillos, los cubiertos, porque tenía miedo que nos haga algo”, contó Paola a PáginaI12, a través de mensajes de audio. Este contexto de violencias machistas,/ lo contó cuando fue a la Oficina de Violencia Doméstica, a principios de enero. El organismo dictaminó un “riesgo alto” de que Paola vuelva a sufrir violencias de parte de su ex. Por esa razón, desde el 11 de ese mes, pesa sobre Sosa una orden de restricción, para acercarse a 300 metros a ella y a los hijos, en los ámbitos en los que se encuentren. La medida la dictó el juzgado de Familia de la V Nominación a cargo de la jueza Valeria Brand, en el Expediente 19/18.
Pero nada de eso se tuvo en cuenta en la Justicia cuando, el 26 de octubre, la fiscal de Delitos Complejos, Marta Mariana Rivadeneira, que subroga en la Fiscalía II Especializada en Violencia Familiar y de Género, pidió la detención de Paola, acusada de cometer “lesiones” contra su ex. Están separados desde setiembre de 2017. Paola tiene una hija de 18, de una relación anterior, y cuatro hijos con Sosa, dos varones de 16 y 8 años y dos niñas, de 15 y 13. Además del emprendimiento de comidas, la mujer es casera en una vivienda en el barrio Ciudadela, de San Miguel de Tucumán, donde vive con sus hijos. La detuvieron cuando fue a averiguar sobre la causa, en el mismo mostrador de la Fiscalía, el 6 de noviembre. La orden de detención había sido librada el 31 de octubre.
El jueves, finalmente, la fiscal Rivadeneira dictó el cese de la detención de la mujer, pero con una caución real de 20 mil pesos, monto que la familia de Paola no pudo todavía reunir. Mientras tanto, ella sigue presa, el agresor libre y tiene bajo su custodia a los cuatro hijos, entre ellas las dos niñas, que también lo denunciaron por violencia. “Cuando mi papá se enoja, me pega con el cinto si no hago algo bien o no le hago caso, lo hizo unas seis veces. A mi hermana también le pegó”, contó la niña de 14 años, en el Juzgado Civil en Familias y Sucesiones. Y la de 15, dijo: “… no quería vivir con mi papá porque me pegaba algunas veces. No quiero verlo. A veces va a la casa a molestar a la mamá”. ¿Es el reino del revés?
