Los desmanes en los alrededores de la cancha de River por la final de la Copa Libertadores reactivaron un proyecto de ley antibarrabrava. Así lo anunció ayer el presidente Mauricio Macri que dijo que se enviará un proyecto al Congreso y estará basado en una propuesta de 2016 que fue elaborada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que perdió estado parlamentario al no haber logrado tratamiento en el recinto.

El proyecto se plantea como objetivo “desfinanciar a las barrabravas y desarticular sus negocios ilícitos, los cuales se nutren” del fútbol.

Entre los puntos principales impulsa la idea de que sea el Estado el que maneje el derecho de admisión de ingresantes a los estadios. Por ahora son los clubes de fútbol los que, con su organización de seguridad, controlan el acceso de los hinchas. Apuntando primordialmente a bajar el poder de recaudación de los barrabravas se prevé aumentar las penas y sancionar la reventa de entradas con la cárcel de un mes a un año, así como la venta de entradas falsas con dos a ocho años.

Los barrabravas son definidos como grupos de tres o más personas que cometan delitos vinculados a espectáculos deportivos, y se plantean penas de entre dos y ocho años de prisión. Además, siguiendo el texto del proyecto de 2016, para “los fundadores, cabecillas, jefes, organizadores o quienes hayan contribuido a la financiación de dichos grupos y para todo aquel que, interviniendo de cualquier otro modo obtuviere provecho o utilidad personal o económica producto de la actividad del grupo”, el mínimo de la pena será de cuatro años de prisión.

La estrecha relación entre dirigentes y barrabravas también será penada con multas e inhabilitación a funcionarios para ejercer cargos públicos. A la persona que facilite el ingreso al estadio de otros sin entradas o acreditación sería castigada con prisión de uno a seis meses, y en caso de que a quienes se les facilitó el ingreso sean integrantes de una barrabrava la pena será de entre seis meses y dos años de prisión. Un tema que el macrismo siempre impulsó en la ciudad y no pudo aprobar fue la prohibición de los cuidacoches, aunque aquí quedará enfocado en los alrededores de los estadios. Para quienes fuercen a otros a pagar para dejar estacionado el auto la pena será de uno a seis meses.