El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió ayer los recortes salariales en la administración pública, en respuesta a las centenares de demandas que interpusieron funcionarios del Poder Judicial ante esta decisión. “Hicimos nuestro esfuerzo de bajar sueldos de altos funcionarios públicos para aumentar lo sueldos de los servidores públicos de abajo, que ganan muy poco”, indicó el mandatario en su segunda rueda de prensa matutina. Un conjunto de leyes aprobada por la mayoría parlamentaria  del partido de López Obrador permite reagrupar oficinas, deshacerse de otras y reducir plazas de la alta burocracia. Además permite colocar un techo salarial: ningún trabajador público puede cobrar más de 108.000 pesos mensuales que será lo que cobrará el nuevo presidente. Más de 2000 jueces promovieron medidas de amparo este lunes. Además de ellos, también lo hicieron secretarios, actuarios, oficiales y personas externas a las áreas del gobierno. Según afirma el diario mexicano La Jornada, entre los promotores que presentaron 512 demandas colectivas están 366 magistrados, 331 jueces, mil 37 secretarios, 215 actuarios, 514 oficiales y 125 personas externas. Los denunciantes se amparan en el artículo 94 de la Constitución que establece la irreductibilidad de las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte, magistrados de Circuito, jueces de distrito y consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, mientras permanezcan en el cargo. “Si esto no les parece justo a los funcionarios de la nación, del más alto nivel, de los tres poderes, tienen su derecho a manifestarse. La autoridad competente es quien va a resolver”, contestó ayer Obrador. Además, el líder izquierdista recordó que se va a aplicar una política de austeridad, y consideró de deshonesto a cualquier funcionario público que ganase hasta 600.000 pesos mensuales (uno 29.550 dólares) en un país “con tanta pobreza”. 

Según afirma el diario El País, en los últimos dos meses han cesado sus trabajos 2041 empleados del Congreso. Entre ellos, la mitad eran choferes, secretarios y asistentes nombrados por los senadores salientes. La otra mitad eran trabajadores técnicos. 

Sin embargo, las críticas no iniciaron ahora. Ya en julio pasado a los pocos días de la victoria electoral, el presidente de la Suprema Corte (SCJN) lanzó su crítica. “La independencia de los jueces no depende únicamente del recto actuar y condiciones propias de los juzgadores, sino que está enmarcada en las condiciones favorables que lo permiten no solo facilitándole su trabajo, sino dándoles la necesaria seguridad de que serán respetados en sus decisiones, en su permanencia en el cargo, en su integridad personal, en tener remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas”, dijo Luis María Aguilar presidente de la SCJN. 

Además, como parte de la propuesta del plan de austeridad, Obrador afirmó que venderá el avión presidencial. El Boeing 787-8, de 57 metros de largo y 60 de ancho, despegó ayer pro la mañana del hangar presidencial del aeropuerto de Ciudad de México con destino a Estados Unidos donde permanecerá en venta. Esta aeronave fue adquirida en 2012 por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), aunque no llegó a México hasta febrero de 2016, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y entre críticas por su costo de 218,7 millones de dólares.