Denuncian a Litoral Gas por cortarle el servicio a una jubilada
No les importó que estuviera prohibido
La Multisectorial contra los Tarifazos hizo la presentación contra la empresa de servicios por haber retirado el medidor y dejado sin gas a una mujer en situación de vulnerabilidad.
El abogado Alcaráz subrayó que hay una decena de afectados.El abogado Alcaráz subrayó que hay una decena de afectados.El abogado Alcaráz subrayó que hay una decena de afectados.El abogado Alcaráz subrayó que hay una decena de afectados.El abogado Alcaráz subrayó que hay una decena de afectados.
El abogado Alcaráz subrayó que hay una decena de afectados. 

La Multisectorial contra los Tarifazos denunció a directivos de Litoral Gas por incumplimiento de deberes y extorsión, ante el corte del servicio y retiro del medidor a una jubilada en situación de vulnerabilidad social, cuando un fallo de la Justicia Federal prohíbe esa medida. Se trata de una mujer cuyo caso se conoció días atrás, ya que cobra 6.700 pesos de jubilación y le llegaron facturas de gas por sumas de 5000 pesos. El abogado Juan Alcaráz se presentó ayer en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y denunció que la concesionaria incumplió el fallo de la Justicia de Dolores que en mayo pasado ordenó no cortar los suministros esenciales por falta de pago. "Esta es una situación límite, de vulnerabilidad social y económica. Queremos que se investigue si hay extorsión a través de medios ilícitos como son el corte y el retiro del medidor. También se incumplió una orden judicial", aseguró el letrado.

El mes pasado, la jubilada de 62 años manifestó su desesperación ante el corte del servicio por parte de Litoral Gas. Lo primero que hizo la Multisectorial fue hacer una presentación a la empresa, en la que solicitó que se le repongan el servicio y se fije una cuota mensual de pago acorde a los ingresos de la usuaria, ya que la mujer manifestó su voluntad de pagar, pero siempre según sus ingresos.

La queja se apoya en el fallo del 21 de mayo pasado, cuando el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ordenó a las distribuidoras de gas de todo el país que se abstengan de realizar cualquier corte o suspensión del servicio por falta de pago, al hacer lugar a un pedido de la Asociación Consumidores Argentinos.

La decisión tomada a partir de la presentación de una medida cautelar, hace hincapié en sectores socialmente vulnerables, quienes pueden ver comprometida su vida digna con los altos montos de las tarifas.

Si bien la presentación de ayer fue por el caso de la mujer, Alcaraz dijo que cuando los citen a ampliar la denuncia darán cuenta de que son alrededor de una decena los afectados por la misma situación, que niega el fallo del juez bonaerense. Al mismo tiempo, el letrado habló de ceses del servicio que se dan por una morosidad cercana al 30 por ciento.

Con su presentación, la Multisectorial reclama que se abra una causa contra Litoral Gas y sus directivos, por el corte del servicio a la jubilada, ya que lo considera un accionar "extorsivo". "La denuncia es contra Litoral Gas pero específicamente nos referimos a los directores y gerentes, porque son ellos quienes toman las decisiones. Retirar el medidor puede interpretarse como una forma de extorsión para obtener el cobro", aseguró el abogado. Y manifestó que la concesionaria incumple una orden de la Justicia federal. También apuntó a Enargas y pidió un informe sobre el caso, porque esa entidad también "tiene que autorizar el corte".

Además de estar jubilada con la mínima, la mujer padece una enfermedad crónica y cuenta con ayuda de su hijo para comprar alimentos y las medicinas que necesita. La última factura que recibió tenía impreso el importe de 5 mil pesos; mientras que ya tenía acumulada otra de 4.900 pesos. Hace un mes, recibió la notificación del corte del servicio y el retiro del medidor. "Esta actitud es contraria y violatoria de la medida cautelar dictada por el juez federal de Dolores que le impide cortar el servicio por falta de pago", dijo. Y si bien la Multisectorial reclamó a la empresa que le repongan de manera inmediata y sin costo el servicio a la damnificada, la situación no se revirtió ni se consultó su situación.

Además de la denuncia penal, Alcaráz indicó que pondrá en aviso de la situación al Juzgado de Dolores, para que ponga el marcha el cobro de la multa que va de los mil a los 100 mil pesos.

Sobre las presentaciones civiles que se hicieron en los Tribunales locales, en 2016, Alcaráz lamentó que la causa está parada en la Cámara Civil y Comercial desde el 26 de diciembre de ese año. "Evaluaremos si hacemos otra demanda frente a los nuevos incrementos", adelantó.

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